Luis Soto / R360
MÉXICO, CDMX.- Si el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con los topes establecidos en el presupuesto para las campañas de publicidad y promoción del gobierno Federal, las empresas más afectadas serán Televisa y Televisión Azteca, que en el sexenio pasado recibieron más de 10 mil millones de pesos cada una. Según cifras oficiales, en los seis años de su gobierno Enrique Peña Nieto gastó en publicidad gubernamental 52 mil 595 millones de pesos.
De ese monto, 17.5 por ciento fue a parar a las arcas de las televisoras, lo que significó 9 mil 200 millones de pesos para cada una, si no es que hasta 10 mil millones o un poquito más, por aquello de los “extras”.
En el primer año de la 4T el presupuesto para los fines mencionados será de 4 mil 711 millones de pesos, y queda prohibido que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor al 25 por ciento de la pauta publicitaria.
Si durante el sexenio de López Obrador se gasta esa misma cantidad por año, tendríamos 28 mil 266 millones de pesos, y con el nuevo porcentaje a Televisa y a Televisión Azteca les asignarían poco más de 7 mil millones de pesos a cada una, que, aunque son 3 mil millones de pesos menos que el sexenio anterior, no son nada despreciables.
Vamos a ver cuál es el trato monetario que les dará el gobierno.
El Acuerdo sobre la Política de Comunicación Social prohíbe a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal hacer uso de propaganda gubernamental cuando tenga como fin: “Presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores o a los medios de comunicación; realizar erogaciones por concepto de notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos; otorgar recursos públicos encubiertos que beneficien, directa o indirectamente, a los medios de comunicación; recibir algún pago, a través de la prestación de servicios de publicidad… salvo lo previsto en la Ley General de Comunicación Social”.
El parrafito anterior nos hizo recordar aquella frase del presidente José López Portillo: “¡No pago para que me peguen!”. La segunda quincena de abril de 1982, Francisco Galindo Ochoa, jefe de prensa de la Presidencia, instruyó a todas las dependencias del gobierno federal, a los gobiernos estatales y al PRI cancelar cualquier contrato publicitario con algunos medios impresos y electrónicos como represalia por las críticas que difundían.
Después, el 7 de junio, ante directivos de medios nacionales que festejaban el “Día de la libertad de prensa” y se reunían con el presidente en turno, López Portillo declaró indignado: “¿Una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga?
Esta es, señores, una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que no menciono aquí por respeto a la audiencia: Te pago para que me pegues. ¡Pues no, señores! ¡No pago para que me peguen!”.
A ver si AMLO no sale con más de lo mismo.
