César Muñoz | R360
La pretensión de silenciar a periodistas en el estado de Quintana Roo, ha sido propia de regímenes autoritarios que buscan ocultar los temas de fondo que han sido incapaces de resolver. El de Carlos Joaquín, que llegó con grandes expectativas de cambio, no ha sido la excepción y la vocería ha sido el centro para operar la censura en distintas modalidades.
Desde mensajes vía WhatsApp con quejas y críticas por determinada información, desde el celular del gobernador de Quintana Roo; llamadas a dueños o gerentes de medios de parte de la vocería para dar línea, así como la presión para despedir a directores editoriales, jefes de información y de producción, son una pequeña muestra del poder del Estado para controlar y domar a los medios mediante el poderoso bozal del convenio.
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La perversión del régimen que gobierna Quintana Roo fue más allá de lo imaginable: igual coptó medios que pseudoperiodistas que operaron de forma manifiesta y hasta grosera, contra el primer ocupante de la Casa de Gobierno en Chetumal en la elección de 2016. Así, hoy vemos calumniadores (se dicen así mismo, columnistas) que difunden el boletín del día enviado desde la Coordinación General de Comunicación y hasta divulgan información que le conviene al régimen difundir. Lo mismo que con Roberto Borge, pero menos “salvaje”.
Esos mismos “periodistas”, que se arrodillaron con los regímenes priistas, hoy se dicen pregoneros del cambio. Su línea es la cifra que cada mes aparece en la pantalla del cajero automático.
En ese contexto se curtió Haidé Serrano, quien al principio del gobierno de Carlos Joaquín fue relegada porque en el puesto se requería, según sus propias palabras, de alguien más “malo” o quizá quiso decir, más perverso. Llegó Felipe Ornelas, quien no resultó ni perverso ni malo, sino un romántico reformador.
En el fugaz paso de Felipe, por primera vez en la historia de la vocería, se habló de un enfoque distinto en la asignación de recursos según la penetración de cada medio. Una propuesta muy peligrosa para los medios tradicionales que han hecho de los convenios además de su modus vivendi, el gran negocio de los dueños de esos medios. Negocios que han perdido empuje y penetración en las audiencias, pero sobre todo, credibilidad.
El regreso de Haidé Serrano a la vocería, anticipó lo que es hoy la Coordinación General de Comunicación, un ente sin rumbo, sin idea de la comunicación, pero sobre todo, plegada a cuidar la “imagen” del gobernador y a controlar lo que los medios, con convenio, difundían en sus páginas, programas de radio y televisión.
La persecución fue un signo distintivo de Haidé. Presumía despidos en medios de información, lo pregonaba en sus juntas matutinas con los distintos jefes de prensa de las dependencias de gobierno. Hay testigos y sus testimonios, hoy que ya se fue, son esenciales, pues exponen a un gobierno actuando en contra de la libertad de expresión, al anular a los que veía como adversarios.
En su corta estancia en Chetumal, Haidé hizo enemigos entre los informadores, no esos de los que se encargó que fueran despedidos de sus medios, sino el clan que cree tener el poder suficiente para influir en el gobernador. En 2019, mediante la intermediación de Miguel Ramón Martín Azueta, Carlos Joaquín se reunió con un grupo de “periodistas”, quienes le manifestaron su repudio y rechazo por Haidé. El mandatario los escuchó, pero no cedió a su petición de sustituir a la vocera.
¿Qué hizo entonces que el gobernador cambiara de opinión? No fue la ineficacia de una comunicación social efectiva, sin el convenio, como sí lo es que Haidé es un peón en el próximo escenario electoral; así lo explica la intensa promoción de su figura desde antes y durante la pandemia, que incluyó desatinos en TikTok. La decisión de poner a un desconocido en el trato a medios, como Carlos Ovañanos, lo confirma.
Lo que sigue en la vocería, es predecible: más de lo mismo, sólo que ahora otro empresario de medios, del cual es socio el actual coordinador de Comunicación Social, tendrá más influencia para favorecer sus negocios.
