Un nuevo conflicto se avecina para el Gobierno del Estado ante un tema inconcluso: las reformas a la Ley de Movilidad que dieron paso al uso obligatorio del chaleco reflejante, el engomado rotulado y el casco de seguridad certificado, pero que vuelven a poner sobre la mesa posibles bloqueos carreteros por parte de motociclistas.
La manzana de la discordia es el artículo 218 bis de la citada ley, que, pese a las manifestaciones desde su aprobación el pasado 24 de julio por parte de la XVII Legislatura, generó inconformidad entre los motociclistas y provocó bloqueos carreteros en el norte y sur del estado, así como el cierre temporal del acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún.
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La administración estatal, a través de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Cristina Torres Gómez, logró dividir a los afectados.
El 10 de noviembre de 2024, la encargada de la política interna pactó con los motociclistas de Cancún y Playa del Carmen un permiso provisional para que todos aquellos conductores con motocicletas cuyo motor rebase los 300 centímetros cúbicos y que pertenezcan a la Asociación Mexicana de Motociclismo queden exentos temporalmente del uso del chaleco reflejante.
Los motociclistas del sur consideraron que Torres Gómez actuó de mala fe, mientras que sus compañeros lo vieron como una traición.
Pese a que se cuenta con la ley, hasta la fecha no se ha elaborado el reglamento respectivo para la aplicación de dicha norma, lo cual ha sido informado en reiteradas ocasiones por el Instituto de Movilidad (Imoveqroo), autoridad responsable de vigilar y aplicar la legislación.
Las aguas se calmaron después de ese pacto; sin embargo, no se olvidaron, máxime porque desde finales del año pasado se informó que la Ley Chaleco será aplicada.
Los tiempos de aplicación cambiaron, pues primero el Imoveqroo informó que sería en enero, luego en febrero y ahora puede ser en cualquier momento. Desde el principio se estableció que, en una primera etapa, los chalecos serán gratuitos, al igual que el engomado, que deberá plasmarse también en los cascos.
En la segunda entrega, el costo por chaleco será de aproximadamente 1,131.4 pesos, equivalentes a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
En el sur, al menos 400 inconformes lograron ampararse y, de acuerdo con los clubes de motociclistas, al menos un 60 % ha obtenido la suspensión provisional.
El sábado pasado por la noche, grupos de motociclistas realizaron una rodada por las principales calles de Chetumal y quemaron chalecos reflejantes frente a Palacio de Gobierno como símbolo de la lucha que retomaron para evitar la aplicación de las reformas a la Ley de Movilidad.
Dijeron estar dispuestos a todo para defender su causa, pues señalaron que las medidas adoptadas con la reforma violan los derechos humanos y no descartan, además de manifestaciones, bloqueos carreteros y otras acciones extremas.
En Quintana Roo, de acuerdo con el Instituto de Movilidad, hay un padrón de más de 150,000 motociclistas y el 30 % está en los municipios del sur de la entidad.
Las manifestaciones de los motociclistas coinciden con el movimiento de los integrantes del magisterio, quienes están en contra de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). De agudizarse ambas luchas, podría generarse un caos.
Payo Obispo
El Gobierno del Estado ya fue rebasado por el Comité Central de Lucha. Ahora están en puerta acciones extremas por parte de los motociclistas y, al momento, no hay interlocutores ni mediadores. La Secretaría de Gobierno duerme en sus laureles y, como siempre, solo intentará contrarrestar el conflicto una vez que estalle.