La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el Estado de derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos.
“Exige asimismo que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.
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Traigo esta definición a colación, por los acontecimientos en las manifestaciones en Quintana Roo, que desde el lunes 9 de noviembre está en el contexto internacional. Es lógico que cuando se rompe el Estado de derecho, pues llega la anarquía, ya que ni gobierno ni la sociedad están dispuestos a aplicar la ley.
Quizá muchos ignoren que en el Estado existe una ley llamada “Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo” emitida en el 2014, en la que se regulan las marchas y manifestaciones en todo el territorio quintanarroense.
Hoy, después de cuatro protestas en diferentes tiempos y lugar de Quintana Roo, damos una imagen al mundo que no corresponde a la realidad, pues la sociedad de este destino turístico no es ni anarquista, ni violadora de la ley; es una sociedad trabajadora que se ha levantado a pesar de la Pandemia, la arribazón del sargazo, de los huracanes y de los malos gobiernos.
Lamentablemente gobernantes y sociedad han salido a acusarse mutuamente por los actos violentos ocurridos en esta última semana, se les olvida lo que dice el Estado de derecho: están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia.
En ese contexto, hoy más que nunca toma relevancia la “Ley de Ordenamiento Cívico”, porque no se cumplió lo que reza la fracción II y III del Artículo 1: Regular la acción del Estado ante el ejercicio cívico de las manifestaciones públicas que se realicen en el Estado de Quintana Roo, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos y libertades de las personas y de la sociedad; y adoptar protocolos para garantizar el uso de la vía pública, respetando el interés general y el bien común.
La regulación es clara (pero como en la mayoría de los casos existe omisión de la aplicación a la ley), solo debía aplicarse la regulación que está en vigencia; el artículo 18 de la mencionada ley dice: “Si durante las manifestaciones, marchas o plantones se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculice la prestación de un servicio público, o se produjeran actos de violencia, la Administración Pública, según su competencia, tomará las medidas necesarias para garantizar el orden, la paz y la prestación de servicios públicos”.
Al gobierno del Estado y al Municipio no le queda más que tomar en cuenta el espíritu de la ley para prevenir actos de violencia en las manifestaciones: el artículo 22 ordena que “las autoridades de Seguridad Pública estatales y municipales brindarán entrenamiento y capacitación sobre Derechos Humanos a sus elementos que sean asignados (no cualquier policía) a la tarea de vigilar manifestaciones, marchas, plantones o bloqueos y actualizarán de manera permanente, en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (que ha sido omisa), un manual que contendrá de forma clara y precisa protocolos bajo los cuales se conducirán los elementos de seguridad pública en el desarrollo y realización de esos actos”, pero hasta ahora no existe ningún manual en la entidad.
A pesar de estar en la Ley, no hay en Quintana Roo una “Policía de Atención a Movimientos Sociales”, la que debe estar lista para actuar en cada municipio. Es urgente garantizar el Estado de derecho sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, proveniencia nacional u origen social. Es fácil repartir culpas, pero si se aplica la ley se debe hacer con estricto apego al respeto de los Derechos Humanos.
No son justificables los actos de violencia por parte de los manifestantes, así como tampoco es aceptable el uso de la fuerza bruta para contenerlos. Pero más ruin es que los actores políticos quieran sacar beneficio aún a pesar del daño que le hacen a la imagen de Quintana Roo ante el mundo.
Por último, no puedo dejar de pasar por alto que como sociedad debemos reprobar y hasta prohibir que los adultos utilicen a las y los niños o cualquier grupo vulnerable para realizar manifestaciones que no tienen que ver con la lucha de estos grupos. Ojalá las y los diputados puedan revisar y hacer los “ajustes” a la ley para tener una mejor convivencia social, todo en el marco del Estado de derecho.
Sascab
Tan reprobable son los actos de violencia por los manifestantes, como también la falta de respeto a los Derechos Humanos hacia los mismos. Pero más bajo, vil, inhumano, rapaz, criminal, patibulario y soez, el oportunismo político por las manifestaciones.
