Quintana Roo se convirtió en el Estado número uno, donde más tardan en sus cargos los magistrados y magistradas: el promedio nacional es de 8 a 12 años, pero los magistrados en Quintana Roo durarán 15, casi la mitad del tiempo de la dictadura de Porfirio Díaz.
Además, a los magistrados en Quintana Roo les dieron manga ancha para para crear y operar a discreción fideicomisos, como si fueran privados con recursos públicos, por multas, fianzas, cauciones, depósitos en dinero, bienes y valores que no se reclaman, entre otros ingresos propios de los cuales no se informa.
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Al cumplir un año como titular del Poder Judicial, al que llegó sin carrera judicial ni arraigo en Quintana Roo, al que llegó al comprar una notaría, Heyden ejerce una auténtica “magistratura imperial” sin vigilancia ni contrapeso y por supuesto, con un fuerte tufo verde. Es el magistrado con más poder político y económico en la historia del Estado.
Esta es la cronología de los tres zarpazos, que constituyen un auténtico Golpe de Estado legal contra el Poder Judicial:
El primero: La reforma constitucional del 31 de mayo, derivada de la guerra jurídica ante la SCJN -que promovió el recién nombrado por unanimidad- contra los poderes Ejecutivo y Legislativo en febrero de 2023.
La controversia constitucional 27/2023 cimbró a una timorata bancada de Morena, que en respuesta, aprobó fast track otra reforma constitucional que había ingresado dos días antes. El objetivo: eximir a Heyden de la política de austeridad prevista en el artículo 67 de la Constitución federal, con el pretexto de “aumentar los salarios de los trabajadores del PJ que no se habían incrementado en seis años y expedir una justicia pronta y expedita”. ¿ya hubo incremento salarial en el PJ; y la justicia pronta y expedita?
El segundo zarpazo: Fue en agosto de 2023, con la reforma por parte de la sometida XVII Legislatura, con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que podría llamarse la “reforma del bistec”, cuya esencia se puede observar en el artículo 34: “podrá invertir y crear fideicomisos del Fondo…”.
Mediante esta argucia legaloide, Heyden tiene facultades plenipotenciarias para crear y operar fideicomisos opacos a través de la Oficina del Fondo para el Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia, adjunta a su propio despacho, como presidente del Consejo de la Judicatura, que por cierto, redujo el número de sus integrantes de cinco a tres magistrados/as, para que haya menos testigos o cómplices. Es la burbuja del Poder Judicial de los magistrados en Quintana Roo.
“Sólo sigue la ruta del dinero”, dijo Garganta Profunda al periodista del Washington Post, cuando el caso Watergate, antes de la caída del presidente Nixon. ¿Habrá un Garganta Profunda en el TSJE?
El tercer zarpazo: Fue la llamada “reingeniería judicial”, aprobada con el fondo musical de los villancicos, mientras la sociedad discutía Aguakán, Indafin y el tema electoral, en víspera de Nochebuena, aquel cruento día 22 de diciembre. Así, Heyden cerró el círculo para conformar una “magistratura imperial y dorada” al disponer de cuantiosos recursos que él mismo maneja con total opacidad hasta el 2034, al frente de los magistrados en Quintana Roo.
La duración de los magistrados en Quintana Roo
De un plumazo, Heyden Cebada Rivas se convirtió a sí mismo, en una especie de “magistrado imperial” hasta 2034 (los magistrados en Quintana Roo que él nombre este año estarán hasta 2039). Estarán bajo su jurisdicción las próximas dos sucesiones gubernamentales: la de 2027 y la de 2033, con aroma a té verde, y la sociedad tendrá que tomar té de tila, para digerirlo.
La XVII Legislatura condenó al Poder Judicial de Quintana Roo a una dictadura constitucional de 15 años, con fundadas sospechas de ¿quién respalda a Heyden, para acumular en una sola persona tanto poder político y económico?
¿Media dictadura de Porfirio es suficiente para corromperse?
¿Qué poder no se corrompe con tanto tiempo y tanto poder político y económico plasmado en la Constitución? La llamada “reingeniería” del 22 de diciembre, fue aprobada por unanimidad por legisladores de todos los colores, a iniciativa de Morena.
Su esposa, Santy Montemayor Castillo, actual diputada verde plurinominal federal, antes diputada local por el mismo partido, propiedad de Jorge Emilio González, el “Niño Verde mayor”; además, de 2006 a 2011 fue delegada del IPAE en Quintana Roo, lo que le deja una estratégica experiencia inmobiliaria, legal y legislativa.
Las reformas de la XVII Legislatura de marzo, agosto y diciembre de 2023, otorgaron al TSJE alto nivel de discrecionalidad económico-financiera; ni el poder Ejecutivo ni el propio Legislativo, tienen tanta manga ancha en el presupuesto y en ingresos propios como hay entre los magistrados en Quintana Roo.
¿TSJE, con facultades inmobiliarias?
De acuerdo a las reformas, Heyden opera los fideicomisos como titular del Consejo de la Judicatura y rinde cuentas al propio Heyden, como presidente del pleno del TSJE. Todo un hoyo negro legal, pero ¿moral?
Se vigila y se califica a sí mismo, en el manejo de recursos públicos provenientes de las recaudaciones propias; cuantiosos valores en efectivo y en especie, con una administración tipo inmobiliaria-financiera opaca. Es lo que López Obrador llama “El castillo de la pureza” cuando se refiere a la corrupción imperante en la burbuja de la SCJN, pero es modelo a seguir de los magistrados en Quintana Roo.
Con estas reformas, votadas por unanimidad en la XVII Legislatura, Heyden ejerce una “magistratura imperial” en lo político, y una “magistratura dorada” en presupuesto y negocios financieros con oscuros ingresos propios, entre los magistrados en Quintana Roo.
El Poder Judicial Roo camina en sentido contrario a los principios fundamentales de la 4T a nivel federal, en lo que se refiere a los magistrados en Quintana Roo. El poder se ejerce, para eso es, punto. Usted tiene la última palabra.
