La última palabra se dijo en La Mañanera de ayer. El presidente Andrés Manuel López Obrador, fue categórico al reiterar: “Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales de los estados igual que el de la federación y se tiene que hacer con la participación ciudadana, mediante elecciones, con voto directo, libre y secreto”.
“Se tiene que reformar la Constitución federal y de los estados para limpiar los poderes judiciales”, remató.
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Ante la respuesta de una periodista que expuso el escándalo de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, por lo que se pide la destitución de la magistrada Fany Lorena Jiménez Aguirre, quien además, es la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa A.C., una especie de sindicato para la impunidad de jueces y magistrados de los poderes judiciales estatales.
La elección de los poderes judiciales
“Que ya no se escoja desde arriba a las autoridades de los poderes judiciales; que no sea el Poder Ejecutivo quien proponga al Poder Legislativo y ahí se nombre; repito: en lo federal y en los estados” insistió el presidente.
Pero las palabras del presidente de la 4T son como predicar en el desierto en Quintana Roo. Aquí el Poder Judicial es un foco de corrupción e impunidad, convirtiéndose en el poder de poderes, por encima del Poder Legislativo, que le aprueba a Heyden Cebada Rivas todas las reformas que les envía, además, por obvia e inmediata resolución.
El caso del Tribunal de Justicia Administrativa, es foco rojo de corrupción en Jalisco y a nivel nacional como se dijo en La Mañanera, pero en Quintana Roo es igual.
A principio de diciembre de 2023, el joaquinista presidente, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, por órdenes de Heyden Cebada, envió la iniciativa para reelegir por otros seis años a Isabel González Glennie y Alfredo Cuéllar Labarthe como magistrada y magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Con esto el PJ de Quintana Roo tiene blindaje jurídico de cuarto nivel, es decir, blindaje 4T.
La reelección de la XVII Legislatura fue de inmediata y obvia resolución, violando la ley al no mediar convocatoria. El diputado Humberto Aldana, al querer justificar esta ilegalidad, respondió con una torpe explicación que más bien parece una burla: “Si no los reelegimos se hubieran amparado y tendríamos que haberles pagado salarios caídos”.
Esta lógica, el diputado Aldana no la aplicó al caso de Aguakán, por ejemplo, en donde le revocaron la concesión, a pesar que era “bola cantada” que la empresa multinacional se iba a amparar. Estos dos casos confirman que el líder de la bancada de Morena en la XVII legislatura es un manojo de contradicciones.
Este dictamen cómplice de la impunidad para el triple traicionero Carlos Joaquín fue elaborado por la Comisión Anticorrupción, que dirige el gris diputado Omar Rodríguez.
Con esto se confirma, una vez más, que el Poder Legislativo está subordinado el Poder Judicial; una especie de complicidad, al interpretar la ley a modo de cada caso y, ambos poderes toman decisiones contrarias a la 4T que impulsa el presidente López Obrador, al fin que ya se va. Usted tiene la última palabra.
