La omisión del Estado en cumplir con su responsabilidad constitucional se convierte en parte de la maquinaria de muerte que acecha a los ciudadanos; simular la impartición de justicia contribuye al engranaje de impunidad que prevalece en la mayoría de los estados y municipios del país.
Es el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regula la seguridad pública, la investigación de delitos y la imposición de penas. Este artículo establece que la investigación y persecución de los delitos es responsabilidad del Ministerio Público, apoyado por una policía bajo su mando. La imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial, mientras que la autoridad administrativa se encarga de sanciones por infracciones a reglamentos y multas o arrestos.
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Pero la reforma al artículo 21 de la Constitución, publicada el 31 de diciembre de 2024, establece las bases para que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realicen investigaciones de hechos delictivos; esto constituye una oportunidad para el estado mexicano para luchar contra la impunidad. La modificación del texto constitucional supone un primer paso en la construcción de capacidades en los diversos cuerpos de seguridad existentes en el país.
La omisión del Estado afecta investigaciones por falta de recursos
La investigación de hechos delictivos se podrá realizar en la medida en que se cuente con los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para dicha labor. Uno de los retos que se observa es el relativo a la implementación, tarea que deberá ser diligentemente impulsada y posteriormente evaluada con el objetivo de darle mejores oportunidades a la reforma constitucional.
El fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mediante la asignación de nuevas tareas y responsabilidades es una de las mejores apuestas que tenemos como Estado, para garantizar una tutela efectiva del derecho a la protección de la seguridad pública de los mexicanos.
Sin embargo, cuando los crímenes quedan sin investigación ni sanción, los perpetradores no tienen ningún temor a las consecuencias legales, lo que les permite seguir cometiendo delitos, incluyendo aquellos que resultan en la muerte de personas. Como sucede casi a diario en el municipio Benito Juárez, donde la media oscila entre 2-3 muertes violentas.
Hay que sumarle a ello la falta de castigo (impunidad) y la perpetuación de la violencia letal, incluyendo homicidios, desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos. Donde las autoridades prefieren mirar hacia otro lado cuando un ciudadano es asesinado, prefiriendo actividades tan banales que sonrojan a cualquier cínico y sinvergüenza.
La omisión del Estado intensifica violencia y daña tejido social
La impunidad es un elemento central para entender cómo operan las redes de macrocriminalidad y el crimen organizado, ya que les permite actuar sin consecuencias, intensificando la violencia a gran escala. Solo por poner un ejemplo, en los tres estados de la Península de Yucatán, mientras en Campeche y Yucatán están muy debajo de la media, Quintana Roo supera por miles este tipo de violencia a gran escala.
La omisión del estado daña el tejido social, porque la percepción de que la justicia no opera genera frustración, temor, impotencia y desesperanza en la población, lo que afecta la salud mental y el bienestar de las comunidades y puede llevar a un aumento de la violencia social.
En conclusión, la ausencia de justicia es un catalizador para más violencia y muerte; subraya la urgencia de fortalecer los sistemas judiciales para garantizar que todos los crímenes sean investigados, perseguidos y castigados. Dejar de mirar a otro lado cuando hay un crimen, pero también tomar la responsabilidad constitucional otorgada por los mexicanos. Ahí se las dejo…
SASCAB
El Secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, salió a aclarar que “la dieta de las diputadas y diputados que aparece en el PEF 2026 es exactamente la misma que se viene pagando en este año de 2025. No hay ni habrá incremento alguno en este rubro ni en ninguna prestación”, es decir, 79 mil pesos al mes.
El aguinaldo de fin de año seguirá en 40 días de la dieta bruta (105 mil 333.33 pesos), o parte proporcional con base al Decreto Anual y a los Acuerdos del Órgano de Gobierno competente, o Comité. Al tiempo…
