El Observatorio Legislativo de Quintana Roo considera un acierto la iniciativa del Poder Ejecutivo federal para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, ya que es una violación de alto impacto que ocupa el tercer lugar entre las incidencias delictivas, por lo que se debe perseguir de oficio, sin necesidad de una denuncia.
En el boletín número 285 que circula a partir del 28 de octubre, señala la gravedad de la extorsión, porque a pesar de ocupar el tercer lugar nacional, “el 97% de estos delitos no se denuncia ante las autoridades, por lo que la cifra negra es alarmante”.
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“La extorsión no se limita al daño patrimonial” agrega el documento, sino que afecta las inversiones, la estabilidad empresarial y, sobre todo, la seguridad de las personas, su integridad física, emocional y hasta su propia vida”, destaca en su análisis el Observatorio.
Observatorio impulsa medidas contra la extorsión y delitos graves
Otro punto que deberán fortalecer los legisladores -abundó- es precisar sin ambigüedades los niveles de competencia, ya que en la iniciativa “no se establece claramente cuál Ministerio Público debe iniciar la carpeta de investigación, si será el federal o los estatales”.
El organismo ciudadano advierte de riesgos para quienes se atrevan a denunciar algún acto de extorsión, por lo que deberán fortalecer el “factor de confianza” ya que como está en la iniciativa “para que se pueda seguir el procedimiento se deberán presentar pruebas y declaraciones de las personas denunciantes”.
Políticas preventivas
Un aspecto que propone el Observatorio es que “el delito de extorsión se integre al catálogo de delitos graves de delincuencia organizada, para ejercer prisión preventiva oficiosa”.
También, “que las áreas de investigación no solo atiendan denuncias, sino hagan lo necesario para prevenir casos de extorsión, junto con las secretarías de Seguridad de los estados, con presupuesto y personal adecuados”.
“Extremar vigilancia en los reclusorios a fin de evitar este delito, considerando que los reclusos pueden tener celulares y medios de comunicación” es otro punto que deberá fortalecerse en la nueva ley, consideró el Observatorio.
Igualmente es preocupante, agregó, “que los imputados puedan apelar al recurso de “Incidente de nulidad o exclusión de pruebas” para evadir la justicia, por lo que advierte no dejar grietas en este punto.
En resumen, el Observatorio considera esta iniciativa un gran avance que “quizá tendrá un tiempo mayor en su implementación” por lo que propone establecer una “Red de Protección Ciudadana para contribuir a erradicar este gravísimo problema mediante una gran tarea de corresponsabilidad ciudadana con las autoridades”. Usted tiene la última palabra”.
