Desde que el periodista Jorge Ramos pusiera en La Mañanera en 2022, la versión, con números, de que el periodo del Presidente Andrés Manuel López Obrador sería el más sangriento en la historia del país, lo cierto es que las estadísticas, aunque lapidarias, muestran que la estrategia de seguridad está funcionando.
Analistas principalmente de oposición al actual gobierno han pasado por alto, por omisión o de forma consciente, que si bien los números de homicidios, el principal y más sensible indicador en términos de seguridad, muestra cifras alarmantes, lo cierto es que empiezan a descender conforme ha avanzado la estrategia.
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Dicha estrategia está basada en atacar el origen que provoca los índices de inseguridad y por primera vez desde que Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al narcotráfico para legitimar a su gobierno, convirtiendo al país en una fosa descomunal, se renuncia al ataque frontal y se recompone el tejido social de comunidades que fueron abandonadas por una política fallida que se perpetuó por dos sexenios.
Y justamente ese abandono permitió que las bandas de criminales extendieran sus áreas de influencia, frenadas únicamente por el poder del ciudadano a través de las autodefensas, bajo el criterio de que si el Estado era incapaz de proveer seguridad, los habitantes de comunidades enteras se harían cargo de la misma.
Los gobiernos de Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto no lo consideraron de esta forma, pero prácticamente en estados como Michoacán, paradójicamente de donde es oriundo el ex presidente panista, se vivió una forma de guerra civil, en la cual el Estado fue un espectador.
Peña Nieto sólo continuó la estrategia de su antecesor, con una política fallida que dejó al país en un estado de indefensión ante la delincuencia y en un baño de sangre.
En homicidios, por ejemplo, la administración peñanietista, con datos de la empresa TResearch, durante los últimos dos años, tuvo un repunte de 32 mil 79 homicidios y 36 mil 685 en 2017 y 2018 respectivamente. Así entregó el ex presidente del PRI al país, con dos años de cifras altas.
En los primeros dos años del gobierno de López Obrador, las cifras se mantuvieron acorde a lo dejado por Peña Nieto: 36 mil 661 homicidios en 2019 y 36 mil 773, en 2020. Para 2021, el delito empezó a ceder: 35 mil 700 en 2021 y 30 mil 970, en 2022.
Mientras los primeros cuatro años del Presidente morenista muestran disminución, los sexenios de Calderón Hinojosa y Peña Nieto tuvieron repuntes considerables.
En 2007, la política de guerra de Calderón Hinojosa tuvo como resultado 8 mil 867 homicidios en todo el país; para 2012, entregó la administración con 25 mil 967 asesinatos.
Peña Nieto, en su primer año de gobierno (2013), registró 23 mil 63 homicidios y terminó en 2018 con 36 mil 685.
En el primer año de gobierno de López Obrador (2018), el país registró 36 mil 661 homicidios y en el cuarto año de administración, 2022, 30 mil 971.
Si bien hasta el corte del 28 de febrero la gestión del Presidente López Obrador había acumulado 147 mil 765 homicidios, superando a los sexenios de Calderón Hinojosa (120 mil 463) y Peña Nieto (156 mil 066), la tendencia al alza fue el resultado de una bola de nieve que venía desde dos administraciones anteriores y que demuestra que la política de la guerra contra el narcotráfico fue equivocada, una conclusión que arrojan las cifras.
Un homicidio consiste en privar de la vida a otra persona, ya ses por una acción u omisión que provoque el deceso del sujeto, es decir, quitarle la vida. De acuerdo con las circunstancias y el modo en el que el delito de homicidio se lleve a cabo, puede ser culposo o doloso.
El homicidio doloso es aquel en el que el criminal busca intencionadamente el resultado de muerte de la víctima.
El Homicidio culposo consiste en causar la muerte de una persona involuntariamente, es decir, sin intención o por negligencia.
¿Quién debe asumir la responsabilidad de los homicidios?
Son las diferentes fiscalías de las entidades federativas las que investigan los homicidios, los califican e informan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En realidad, la estadística de colocar las cifras bajo responsabilidad del gobierno federal, es engañosa, pero para la estadística se ha vuelto indispensable a raíz de los homicidios perpetrados por los cárteles del narcotráfico.
Las políticas de seguridad implementadas por cada entidad federativa, desde luego afecta la incidencia de homicidios, así como los cambios que se ejercen en la procuración y aplicación de justicia.
Llama por ejemplo la atención que desde que se implementó el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el 18 de junio de 2016, los delitos de homicidios en ese año cerraron en 24 mil 559, pero en 2017, sumaron 32 mil 79 y de ahí ya no han bajado, es decir, no a menos de 30 mil por año.
En cuanto a los estados y sus resultados, en cuatro años de administración lopezobradorista, los cinco que más homicidios concentran son:
- Guanajuato (PAN)
- Estado de México (PRI)
- Baja California (Morena)
- Chihuahua (PAN)
- Michoacán (Morena)
Baja California y Michoacán tuvieron elecciones en 2021; el primero permaneció bajo las siglas de Morena, mientras que el segundo pasó de un gobierno del PRD a Morena.
Tres de los cinco estados son gobernados por un partido diferente a Morena y uno de esas entidades apenas cambió de gobierno del PRD a Morena en 2021.
Resulta igualmente paradójico que el estado más violento del país, Guanajuato, y el menos violento, Yucatán, sean gobernados por integrantes del PAN.
A manera de conclusión y con las estadísticas disponibles, se aprecia que las entidades que están aplicando la política de recomposición del tejido social, como efecto de atacar las causas del problema, mediante la aplicación de programas que incentiven una mayor expectativa de vida y progreso, son en los que contribuirán a disminuir los delitos, en especial el homicidio.
