Políticos y organizaciones de todo tipo, de manera constante, mencionan que están a favor del Estado de Derecho; es más, los ideólogos de la Cuarta Transformación sugieren aplicar el Estado del Bienestar, que no es nada nuevo, pues es un modelo sociopolítico y económico donde el gobierno asume la responsabilidad de proveer servicios básicos (salud, educación, pensiones) para mejorar la igualdad, la redistribución de la renta y la calidad de vida de los ciudadanos.
Aunque estamos un poco lejos de que los ciudadanos del país, del estado y del municipio podamos disfrutar del derecho de vivir en un Estado de Derecho, los niveles de gobierno y los poderes del Estado no pueden garantizar al habitante de su demarcación la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal.
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Analicemos un poco: los estudiosos del tema coinciden en que el Estado de Derecho contempla los siguientes puntos: la estructura formal de un sistema jurídico y la garantía de libertades fundamentales a través de leyes generales aplicadas por jueces independientes (división de poderes); libertad de competencia en el mercado garantizada por un sistema jurídico; división de poderes políticos en la estructura del Estado; y la integración de los diversos sectores sociales y económicos en la estructura jurídica.
Estado de Derecho y seguridad en municipios con altos índices de pobreza
Pero, ¿cómo percibir que vivimos en un Estado de Derecho con el incremento de la inseguridad? Las pruebas de inconformidad ahí están: las madres buscadoras que no son atendidas como debe ser por parte de las autoridades correspondientes.
Hay indiferencia en materia de salud en la zona maya, donde sus habitantes mueren por enfermedades como diabetes, hipertensión o enfermedades del corazón; con la falta de servicios básicos en municipios tan pobres como José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto; o los cinturones de miseria que hay alrededor de Cancún y Chetumal.
Los datos de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México detallan que, en Cozumel, la pobreza alcanzó a 28,993 personas en 2025, es decir, el 39.6 % de la población; en Felipe Carrillo Puerto, 86,771 habitantes declaran ser pobres, lo que representa el 81.1 %; en Isla Mujeres, 9,106 personas están en esa condición, o sea, el 50.3 % de la población del municipio.
La pobreza en Othón P. Blanco alcanzó a 105,193 personas (43.8 %); Benito Juárez (Cancún) tiene 323,435 pobres (37.9 %); José María Morelos acumuló en este 2025 a 43,423 pobres, el 80.8 % de su población; Lázaro Cárdenas, 23,508 pobres (65.7 %); Playa del Carmen tiene 114,940 personas en pobreza, un 37.3 % de los que viven en la demarcación.
Tulum, con todos sus problemas, tiene 28,542 pobres (61.8 %); Bacalar suma 37,312 pobres, un 73.5 % de su población; y Puerto Morelos tiene a 10,912 pobres, el 42.7 % de sus habitantes.
Aquí quiero hacer una aclaración: esta pobreza generalizada no debe confundirse con la “pobreza laboral”, porque puede ser que se creen empleos, pero estén mal pagados, muy por debajo de la media para superar los límites de la pobreza y pobreza extrema.
Estado de Derecho frente a drogadicción y vulnerabilidad social
Cada vez hay más personas en los cruceros de las calles de las cabeceras municipales que piden ayuda; jóvenes que realizan actos circenses para poder obtener una moneda; incremento del consumo de drogas en las escuelas secundarias, preparatorias y universidades.
El problema está ahí, llega a los hogares de los quintanarroenses, corroe como el salitre y no hay quien lo detenga; quizá porque la mayoría de los funcionarios públicos, creadores de leyes e impartidores de justicia, están ocupados en la sucesión del 2027. Concluyo al decir que tenemos derecho a vivir en un Estado de Derecho. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, aunque, en teoría, y en el discurso político hay separación de poderes, en la práctica parece que existe una “pandilla gobernante” que, en la cúpula, toma acuerdos para dirigir los destinos del país, del estado y del municipio; hay un Poder Judicial y Legislativo que obedece los designios del Poder Ejecutivo, dicta el discurso que debe ser planteado ante la sociedad y medios de comunicación.
No digamos de los cabildos, que son cómplices de presidentes municipales en decisiones que afectan al pueblo; hasta hoy, la oposición es silenciada por cualquier vía, ya sea por la necesidad económica que tienen sus representantes o por medio de carpetas de investigación hechas al vapor; total, todos trabajan en unidad para beneficiar, según ellos, al pueblo sabio y bueno.
¿Qué tan lejos estamos del Estado del Bienestar? Juzgue usted mismo ante una brecha de desigualdad que aumenta cada trienio; sin equidad mediante políticas redistributivas, sin seguridad social para apoyar a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad, como enfermedad, desempleo o vejez. Al tiempo…
