Como cada 26 de abril, distintos organismos públicos nacionales y supranacionales conmemoran la propiedad intelectual con diversos temas consensados desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI.
Sin embargo, hoy quisiera remontarnos a la historia de México y más aún, del constituyente liberal de 1857, quienes adelantados a su tiempo, plasmaron la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual (propiedad industrial y derechos de autor), en el artículo 28 de la constitución liberal de la segunda transformación dé México.
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Este tema es de gran relevancia dado que las bases del reconocimiento y protección internacional de la propiedad intelectual surge hasta 1883 mediante el Convenio de la Unión de París, que sustenta hasta hoy la creación de la OMPI.
En este sentido, el constituyente liberal de 1857 nos asombra con su capacidad de adelantarse a su tiempo y generar un esquema de protección como excepción a los monopolios en este país.
Ya para 2011, con la reforma constitucional en particular del artículo 1 de la Carta Magna, concatenada a la declaración de los derechos de hombre y el ciudadano, la propiedad intelectual se convierte en México en un derecho humano y por tanto, dado que se crea un sistema de control difuso y convencional de la constitucionalidad, todos los órganos administrativos deberán establecer las acciones de protección de los derechos de propiedad intelectual en México.
Es así que, hoy en México tenemos que redoblar esfuerzos desde lo público y lo privado, para hacer prevalecer los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes, autores, programadores, titulares de marcas e inventores de patentes, entre otros, ya que se trata de derechos humanos con la misma valía que cualquier otro.
Sobre el autor
Hugo Alday Nieto es licenciado en derecho por la Universidad La Salle del Pedregal; Maestro en Derecho por la Universidad del Anáhuac del Mayab; Master Internacional en Propiedad Intelectual, Industrial y Derecho de la Competencia por la Universidad de Alicante, España. Cuenta con publicaciones especializadas en derecho en México y el extranjero, donde destacan colaboraciones con Porrúa, UNAM, ASIPI, AMPPI, INDAUTOR, Marcasur, la Universidad de Alicante y otros. Ha representado al estado de Quintana Roo en la protección de marcas turísticas y logró mediante controversia constitucional la denominación de origen del Chile Habanero de la Península de Yucatán, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha laborado en la Secretaria de Gobernación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y como secretario técnico del Municipio de Benito Juárez (Cancún). Es diputado federal suplente y candidato por el PT a una diputación, por el Distrito 3 con cabecera en Cancún.
