El Día del Abogado se celebra en México cada 12 de julio, en conmemoración de un hecho histórico que marcó el inicio formal de la enseñanza jurídica en América Latina. Esta ocurrió precisamente el 12 de julio de 1553, en la Real y Pontificia Universidad de México (antecesora de la UNAM), donde se impartió la primera cátedra de Derecho en el continente, a cargo de Fray Bartolomé Frías y Albornoz, quien dictó la lección conocida como la Prima de Leyes, centrada en el estudio del Corpus Juris Civilis y los principios del Derecho romano.
Esta fecha fue instituida oficialmente en 1960 por el entonces presidente Adolfo López Mateos, a propuesta del periódico Diario de México, con el objetivo de reconocer la labor de quienes ejercen, enseñan o estudian el Derecho.
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Día del Abogado surge de la Real Universidad de México
Desde entonces, cada 12 de julio se celebra con actos conmemorativos, reconocimientos y eventos académicos que destacan la importancia de la abogacía en la vida pública y privada del país.
En Quintana Roo, este año se celebró con una cena organizada por la Barra de Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional, en la que se dirigió un mensaje a litigantes, docentes, notarios, juzgadores, legisladores y servidoras públicas presentes, sobre lo que ha representado el último año para la profesión jurídica en México.
Este fue un año particularmente complejo. Quienes hemos ejercido el Derecho de diversas formas sabemos que, a partir de septiembre, nada será igual. No se trata de una expresión retórica, sino de una conclusión sustentada en las múltiples declaraciones y propuestas de actores en el poder, donde la política comienza a imponerse sobre el Derecho.
Imparten primera cátedra de Derecho en 1553, nace el Día del Abogado
Un ejemplo de ello son las propuestas de la ministra Lenia Batres, quien ha manifestado su intención de crear la figura de la “cosa juzgada fraudulenta”, permitiendo que juicios con sentencia firme pierdan la certeza jurídica de estar concluidos, al abrir la posibilidad de reactivar acciones si se acredita corrupción en el proceso. Todo ello sin claridad sobre las pruebas válidas, dentro de un margen de subjetividad política que la ha caracterizado.
También ha propuesto que los justiciables puedan defenderse por sí mismos en juicio, mediante formularios aplicables a todas las etapas procesales, como si se tratara de un ejercicio mecánico y sin necesidad de conocimiento jurídico.
Esta visión subjetiva, trasladada de la fantasía a la práctica jurídica, guarda similitud con la eliminación de la firmeza en las sentencias: imposibilita el ejercicio real de la argumentación jurídica y, además, convierte juicios ya prolongados en procesos potencialmente interminables.
Así pues, quienes nos consideramos estudiosos del Derecho —sea desde el litigio, la legislación, la doctrina, la cátedra o la judicatura, tanto en el sector público como en la iniciativa privada— no podemos evitar un sabor amargo en este Día del Abogado de 2025, en el que las reformas continúan, como continúan las decisiones que carecen de lógica jurídica.
Hugo Alday Nieto
(Licenciado en Derecho con mención honorífica. Maestro en Derecho Empresarial. Maestro en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Doctor en Derecho con mención honorífica)
