Sin duda, todos en este país hemos sido víctimas de la corrupción en menor o a gran escala, en cualquiera de los tres ámbitos de gobierno, durante décadas y décadas y en algunos casos, con periodos trágicos como el de Roberto Borge Angulo (2011-2016), ex gobernador de Quintana Roo.

Sin embargo, aquellos que nos hemos enfrentado con el Sistema Nacional de Corrupción a través de litigios federales en los que han intervenido desde la Secretaría de Gobernación, hasta el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para torcer la Ley y la realidad jurídica durante prácticamente tres administraciones, tenemos un gran anecdotario cuando podemos gritar a los cuatro vientos que…  ¡hemos ganado!

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En efecto, hace ya una década que el Sistema Nacional de Seguridad Pública demandó la nulidad de la marca Repuve (Registro Público Vehicular) de mi cliente; corrían los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). A partir de ese momento, nos trabamos en una batalla legal sin precedentes en el IMPI, en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como en  los Tribunales Colegiados.

Gobierno de Peña Nieto, bajo la sombra de la corrupción

A ese sexenio, continuó el más oscuro pasaje de esta década litigiosa, en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) buscó por todos los medios revertir las sentencias favorables a mi representado, e incluso fabricaron un segundo juicio de nulidad reproduciendo las mismas bases del juicio de control constitucional ejecutoriado recientemente, violando inclusive el principio NON BIS IN IDEM (la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez).

No obstante lo anterior, a la llegada de la nueva administración se intentaron amparos indirectos por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública para tratar de evitar el cumplimiento de una obligación derivada de sexenios pasados, y con ello “chicanear” un asunto iniciado por ellos mismos hace diez años.

Hoy sin embargo, el sabor a triunfo y a justicia se palpa, ya que el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito decretó el sobreseimiento de un amparo promovido por la mafia del poder a pocos días de entregar la Secretaría de Gobernación a Olga Sánchez Cordero, y a la vez, desechó de plano un recurso presentado por el anterior director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Miguel Ángel Margáin.

Hoy, los números arrojan un marcador global de 6 sentencias a 1, a favor de mi representada y en contra de la más absurda mafia gubernamental que se haya visto en México.

Hoy, el Poder Judicial de la Federación nuevamente dice ¡basta!, ante la desbordante corrupción de las autoridades federales, y ahora solo nos resta esperar a que el nuevo gobierno dé cumplimiento cabal a las sentencias y se aboque a resarcir el daño ocasionado por la mafia del poder durante 10 años.