De acuerdo con datos oficiales, entre 1993 y 2018 se parcelaron más de 208 mil hectáreas de tierras de uso común para su posible privatización, con un repunte significativo en los últimos 10 años (Por Esto, La mafia agraria alcanza Quintana Roo, 12 de febrero 2021), situación que incrementó los litigios en materia agraria, especialmente en zonas costeras como Tulum, Isla Mujeres y Bacalar (Novedades Quintana Roo, Crecen litigios por tierras ejidales en Quintana Roo, 11 de octubre de 2024).
Ello se debe principalmente a la expansión turística como motor que impulsa la especulación inmobiliaria, generando presiones sobre ejidos cercanos a la costa, a lo que hoy se conoce también como gentrificación en algunos grupos políticos y sociales.
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Algunos de los casos más emblemáticos de despojo que se han dado son los siguientes:
- Supermanzana 247 (2018): En Cancún, la devastación de una amplísima zona de 50 hectáreas propiedad de un banco, realizado con fines políticos que fue posteriormente tomado por el crimen organizado, generó protestas y litigios, destacando la reciente detención de algunos promotores en el año 2025, pero dejando un daño ecológico y un conflicto de desarrollo urbano sin precedentes.
- Ejido Jacinto Pat (2018): En Playa del Carmen, se denunciaron ventas fraudulentas de tierras ejidales, involucrando a notarios y empresarios, de manera semejante a la realizada con la desastrosa corrupción que se gestó con la colonia Colosio en la que el Gobierno de Quintana Roo fue parte.
- Caso Bacalar (2020): En este municipio se reportaron despojos mediante documentos falsificados, afectando a comunidades indígenas, aunado a la deforestación de grupos menonitas que han afectado el desarrollo ecológico con daños a los acuíferos, a la laguna, a la vida de las abejas, etcétera.
- Proyecto Tulum (2022): La expansión turística en Tulum ha llevado a múltiples denuncias de despojo, con casos emblemáticos como el desalojo de familias ejidales para proyectos hoteleros, y con un alto porcentaje de personas que viven sin certeza jurídica y sin drenajes en ese y otros municipios.
- Las Palmas: En el municipio de Othón P. Blanco, donde un grupo de personas solicitaron el reconocimiento de posesión y posterior enajenación de terrenos nacionales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por tratarse de tierra federal, y en la que de pronto apareció un líder religioso con documentos municipales, es decir, de una autoridad sin facultades por el origen de la tierra, a despojar a los promotores primarios.
Despojo en Quintana Roo, sin consecuencias
Este aumento de delitos contra el desarrollo urbano sin consecuencias contundentes, no solamente es responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que acumula carpetas sin solución, en muchos casos debido a la protección de personajes políticos que desde los tiempos de Roberto Borge Angulo y hasta hoy en día, han fomentado invasiones y despojos con fines electorales siendo premiados por sus respectivos partidos políticos con cargos locales y federales, sino que también producto de reformas al código penal sin consecuencias claras o carentes de penas, como las que fueron recientemente adicionadas por quien suscribe y que están en proceso de análisis en las comisiones de turno, y a las que adicionaremos más fracciones elevando penas en algunos casos siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México y otras legislaturas más adelantadas.
Todo ello, ha permitido que el crecimiento desmedido de invasiones y de despojos haya ido en aumento en los últimos años tal como se observa en la siguiente tabla de 2020, elaborada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Solución al despojo en Quintana Roo
Por ello es importante que, desde el Congreso del Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos impulsemos de forma conjunta con la sociedad civil y la Fiscalía General de Justicia del Estado, para cerrar el cerco a estos delitos que ponen en riesgo a miles de personas, generan problemas graves de movilidad, afectan proyección urbana y desincentivan la inversión.
De no ser así, las invasiones políticas y despojos de las mafias seguirán, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido en Macondo.
