La campaña proselitista que Carlos Orvañanos Rea, coordinador general de Comunicación, ha iniciado sin que nadie le ponga un alto es muestra de que el Gobierno de Carlos Joaquín tiene poco interés por el respeto a las leyes electorales.
El 29 de junio pasado fue nombrado como titular de la Coordinación General de Comunicación (CGC) y desde el primer momento de su nombramiento hubo constancia de que no contaba con el perfil para el cargo, además de llegar con el antecedente de que como empresario ha sido beneficiado con contratos del Gobierno del Estado con la aprobación del propio gobernador, que hoy funge como su jefe.
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Tan solo en 2017, a través de la franquicia de béisbol, Tigres de Quintana Roo que tiene en sociedad con otros empresarios, recibió más de 34 millones de pesos del Gobierno del Estado, bajo el concepto de ayudas sociales.
Desde su llegada a la CGC, su papel no sería llevar las riendas de la política de comunicación, su énfasis no está en la imagen del Ejecutivo Estatal que enfrenta una verdadera crisis en materia de comunicación. Por citar un ejemplo, el IV Informe de Gobierno es el que menos audiencia y más críticas ha registrado en las redes sociales. Los resultados no se ven por ningún lado.
El objetivo real de Orvañanos Rea es utilizar como trampolín la CGC para darse un baño de pueblo y comenzar a figurar en la escena pública, sin medir que esto está afectando la imagen de su jefe, además de que las conferencias que organiza para los titulares de gabinete y organismos de la administración pública estatal sólo han servido para exhibir una profunda ignorancia de las funciones que encabezan.
Está más preocupado en sus reuniones con empresarios de la comunicación y periodistas afines a su proyecto para promoverse como aspirante a la alcaldía de Benito Juárez, donde Mara Lezama le lleva mucha ventaja en su trabajo por la reelección. Además, fue candidato perdedor en las elecciones pasadas para diputados locales por el Distrito VII.
Orvañanos Rea ha negado sus aspiraciones en público, pero el Partido Acción Nacional (PAN) se ha encargado de desenmascararlo y ha señalado que no solo aspira, sino que ya inició con visitas a la militancia para convencerla y obtener su apoyo rumbo a las elecciones del 2021 y en específico a la presidencia municipal de Benito Juárez. Esto en una clara violación a la ley electoral porque podrían considerarse actos anticipados de campaña.
El propio secretario de Gobierno, Arturo Contreras Castillo, por ignorancia o por complicidad, lo defendió el pasado 15 de septiembre en una conferencia, al señalar que como todo ciudadano tiene el derecho a sus aspiraciones políticas, aunque Orvañanos Rea no es cualquier ciudadano, sino es un funcionario público que está aprovechando su cargo para promocionar su imagen y además maneja recursos del erario, lo cual constituye un delito electoral.
El artículo 134 constitucional establece que:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
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Además hay que dejar en claro que desde el 15 de marzo de 2017, con el decreto de creación de la CGC desapareció la Vocería del Gobierno del Estado. Que alguien le avise a Orvañanos Rea que la figura de “Vocero del Estado” como pide sea anunciado en las conferencias y eventos a los que asiste, ya no existe.
Payo Obispo
De pena ajena estuvo el II Informe de Gobierno de Otoniel Segovia Martínez, saturado de cifras infladas, verdades a medias y el municipio en medio de la peor crisis de su historia. A diferencia de otros que utilizaron como bandera la emergencia sanitaria, Othón P. Blanco se caracterizó por ser el único que no dio despensas. Y para variar, hasta la transmisión en redes sociales se cayó, como le ocurrió al gobernador, Carlos Joaquín González.
Sobre el autor: Egresado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Quintana Roo. Cursos y talleres sobre periodismo escrito, periodismo digital y comunicación política. Más de 20 años de carrera periodística.
