La sociedad ya no aguanta más a gobierno autoritarios, represores y omisos. En estos momentos no distingue a qué orden de Gobierno le corresponde qué; quiere que se haga justicia por el brutal asesinato de una joven de 20 años en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y en respuesta, la represión a la libre manifestación.
Fue tal la indignación, que varios colectivos decidieron manifestarse porque en lo que va del año han sucedió 12 feminicidios en los municipios del estado, sin embargo, el fin de semana que desapareció Alejandrina mataron a otras cuatro mujeres más en Quintana Roo, y las autoridades impartidoras de justicia no han dado con ningún responsable.
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Hasta ahora la estrategia de seguridad ha sido una simulación e inversión que con probabilidad se ha desviado a las arcas de los encargados de otorgar las garantías individuales al pueblo. Ayer mismo, el anuncio de la separación del cargo del secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, por parte del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, fue un insulto a la inteligencia de los quintanarroenses, pues será “mientras se realizan las investigaciones”, pues sospechamos que de esas investigaciones resultará absuelto y regresará al cargo con más fuerza, con el manto de la impunidad y el caballo de la corrupción.
Aunado a ello, por lógica se suspende la comparecencia de Jesús Alberto Capella Ibarra el viernes 13 ante la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura, que preside el diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, quien por cierto hasta ahora ha guardado silencio en cuanto lo que sucede en la Secretaría de Seguridad Pública con su titular. Antes de Navidad ya tendremos de vuelta al jefe policiaco.
Pero no solo falla la estrategia de seguridad y de impartición de justicia en el Estado, sino que también los manifestantes no tienen derecho a atentar contra el patrimonio público, hablamos de los edificios de las instituciones, los monumentos, los parques, las plazas, los postes, las avenidas y cualquier bien mostrenco que se encuentre en la calle como parte del servicio a la ciudadanía; lógicamente, con todo defendemos el derecho a la libre manifestación, pero no a la destrucción y al caos.
Otra acción reprobable, es el oportunismo con el que actúan algunos políticos, los que salen de echar la culpa a otros, no señores y señoras, es tiempo de tomar “el toro por los cuernos” para poder sacar adelante los proyectos que beneficien a los ciudadanos. Ya no es tomarse las fotos con las víctimas, sino generar políticas públicas que prevengan este tipo de acciones reprobables.
¡Basta ya!, la sociedad quintanarroense ha tolerado la corrupción, la impunidad, la hipocresía, el doble discurso de sus gobernantes, lo que no toleraremos es que esta tierra se manche con la sangre de la sociedad.
Quintana Roo y Cancún son más grandes que cualquier circunstancia natural, se han levantado de la arribazón del sargazo, de los últimos huracanes como Wilma, Delta y hasta los vientos de Eta; estamos de pie a pesar de la pandemia que provocó el virus de Covid-19, de la que unidos se puede salir adelante, pero lo que no debemos permitir es que se reprima la libre expresión, menos que se atente contra los bienes públicos, porque en ambos casos, los perjudicados son los ciudadanos.
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El garante de que las leyes se cumplan y se apliquen correctamente las normas, el Poder Legislativo, estará muy atento a las investigaciones en torno a lo ocurrido hasta dar con los responsables de la tragedia, “no las vamos a dejar solas, cuentan con todo nuestro apoyo”.
A través del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda, mandaron un mensaje: Ya basta de echarse la culpa, no perdamos de vista lo fundamental: la causa de la marcha es Alexis y las miles de mujeres que han sufrido y que viven con miedo todos los días en Quintana Roo y en México. Lógicamente, se suman al clamor de justicia de miles de quintanarroenses.
