Me resulta difícil de creer que la XVIII Legislatura haya creado una ley para que los presidentes municipales de Quintana Roo tengan un día de audiencia pública con sus gobernados, denominado “Día del Pueblo”. Además de vulnerar la autonomía municipal, deja en claro que estos funcionarios no están cumpliendo con su cometido.
¿No se supone que esa es una labor de su trabajo como presidente(a)? Por si no lo saben, el Título Séptimo “de los Miembros del Ayuntamiento”, Capítulo I “de las Facultades y Obligaciones de la Presidencia Municipal”, de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, detalla exactamente lo que debe hacer el titular del Ejecutivo Municipal.
También te puede interesar: Retiran árboles caídos en Kantunilkín tras las lluvias del frente frío
Solo hay que ver lo que dice la fracción XXV: “Visitar los diversos centros de población del municipio para conocer sus necesidades y proveer a su resolución”. Esto quiere decir que quien preside el ayuntamiento debe recorrer todas y cada una de las comunidades para conocer cuáles son las necesidades de la población y poner manos a la obra.
Retos presupuestales ante la nueva ley de audiencia pública
Ahora bien, la propuesta de la XVIII Legislatura es que los presidentes(as) puedan convocar a una audiencia pública un día a la semana, ya sea en la cabecera municipal o en las comunidades, donde los asistentes podrán exponer sus necesidades, ya sea particulares o comunitarias.
El único problema con el que se enfrentarían estos presidentes(as) municipales durante la audiencia pública es la respuesta inmediata a las necesidades, porque no cuentan con un presupuesto adicional para hacer frente a tales demandas.
Por ejemplo, si en el 2026 cada presidente(a) municipal se apegara a lo que mandata la nueva ley de “Día del Pueblo”, tendría que cumplir cuando menos con 52 audiencias públicas; supongamos que en cada una de ellas llega un promedio de 100 ciudadanos con diferentes peticiones.
Hablamos que mínimo tendría que tener una caja de 100 mil pesos, para “solucionar” la demanda ciudadana emitida durante la audiencia pública; esto multiplicado por el número de semanas del año, cada alcalde deberá tener un presupuesto mínimo de 5 millones 200 mil pesos adicionales para hacerle frente a estas audiencias. Porque a esto hay que sumarle el gasto de los recursos humanos y materiales para llevarlas a cabo.
Municipios con menor recaudación temen rezago por la audiencia pública
Como los ayuntamientos se encuentran en el proceso de elaboración de la Ley de Egresos 2025, deberían incluir esta partida presupuestal para cumplir con la nueva ley de audiencia pública semanal y evitar afectar la operatividad del Ayuntamiento. No se trata de crear leyes por crear leyes, sino de analizar su viabilidad y el costo de su aplicación. La ciudadanía acude a las audiencias a solicitar apoyos económicos, medicamentos o transporte.
Quizá los municipios que tienen recaudación propia suficiente como Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum, Othón P. Blanco y Cozumel, no tengan problemas con la aplicación de las audiencias públicas obligatorias; pero los demás municipios como Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas sí deberían tener una ampliación de su presupuesto de egresos en el 2026, aunque éste venga etiquetado para dichas audiencias. Ahí se las dejo…
SASCAB
Por cierto, mañana arranca “El Buen Fin 2025” que busca impulsar la prosperidad compartida mediante su alineación con la política del Plan México promovida por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la economía de las familias mexicanas a través del Programa que se ha consolidado como un esquema eficaz de colaboración público-privada.
Además, tienen como objetivo principal cumplir con la instrucción del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, de fortalecer la articulación institucional de colaboración entre los tres niveles de gobierno y el sector privado, para fomentar el crecimiento económico a través de la estrategia de integrar las acciones vía los Corredores Económicos del Bienestar y los Comités Promotores de Inversiones.
Lo que tenemos que hacer los consumidores es no dejarnos engañar por las llamadas ofertas, sino cotejar los precios reales de un producto para ver si en verdad bajó de precios; el Buen Fin concluye el lunes 17 de noviembre. Al tiempo…
