Gregory Bovino, el rostro de la agresiva campaña antimigratoria de la Casa Blanca en ciudades del interior, dejará Minneapolis junto con parte de sus agentes federales. El Comandante de la Patrulla Fronteriza fue objeto de intenso escrutinio por su defensa pública del tiroteo fatal contra el enfermero Alex Pretti y por supuestamente recurrir a la estética de los nazis para infundir temor, según reportes de The New York Times y CNN.
Este movimiento federal marca un cambio significativo en la controvertida Operación Metro Surge, que desplegó más de 3,000 agentes de inmigración en Minnesota. El conflicto escaló rápidamente tras la muerte a tiros de Alex Pretti, de 37 años, y la previa de Renee Nicole Good, exacerbando las tensiones entre la Administración Trump y las autoridades locales de Minneapolis y el estado de Minnesota.
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La reasignación del comandante Bovino y la eliminación de su cargo
La decisión de retirar a Gregory Bovino de la zona de conflicto se produjo luego de que hiciera la afirmación “infundada” de que Alex Pretti planeaba “masacrar” a agentes del orden. Medios como NBC News informaron que Bovino volverá a su antiguo puesto como jefe de sector en El Centro, California, y no continuará supervisando las detenciones de inmigrantes en ciudades del interior de Estados Unidos.
Sin embargo, existió una confusión sobre su estatus administrativo. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, aclaró que Bovino “no ha sido relevado de sus funciones”. Por su parte, la Casa Blanca detalló que, como parte de una reestructuración interna, el cargo específico de “comandante en jefe adjunto” de la Patrulla Fronteriza fue eliminado, no que Bovino haya sido destituido. Se espera que Bovino abandone Minneapolis el martes.
La intervención de Trump: Tom Homan en el terreno y las llamadas políticas
En medio de la polémica, el presidente Donald Trump anunció que enviaría a Minnesota a Tom Homan, el “zar fronterizo” de la Casa Blanca, para que supervisara las operaciones de ICE sobre el terreno y le reportara directamente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que Homan continuará arrestando a los “peores delincuentes indocumentados”.
Trump también sostuvo llamadas telefónicas con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, describiendo las conversaciones como “muy buenas” y asegurando que se estaban “logrando muchos progresos”.
Las autoridades locales ofrecieron versiones contrastantes:
- El alcalde Jacob Frey confirmó que algunos agentes federales comenzarán a retirarse el martes, y él continuará presionando para que el resto de los involucrados en la Operación Metro Surge se retiren. Frey subrayó que la ciudad cooperará en investigaciones criminales reales, pero no en detenciones inconstitucionales ni en la aplicación directa de leyes federales de inmigración.
- El gobernador Tim Walz solicitó investigaciones imparciales sobre los tiroteos y una reducción del número de agentes federales. Walz había criticado fuertemente a Trump en un artículo publicado en The Wall Street Journal antes de la llamada, donde temió que la esperanza del presidente fuera que la tensión entre los agentes de ICE y las comunidades “se desborde” y que “las protestas se conviertan en disturbios”.
Trump acordó hablar con el DHS para que la Oficina de Detención Criminal de Minnesota pueda realizar una investigación independiente, según la oficina de Walz.
El debate crucial de la Segunda Enmienda tras la muerte de Alex Pretti
El tiroteo que cobró la vida de Alex Pretti el sábado 25 de enero de 2026 encendió un intenso debate sobre el derecho a portar armas. Pretti, un enfermero de terapia intensiva, estaba en la lista de muertes de declaración obligatoria del Médico Forense del condado de Hennepin.
La Administración Trump intentó justificar el uso de fuerza:
- La jefa de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Pretti se enfrentó a las fuerzas del orden portando un arma, lo que “aumenta la probabilidad de riesgo y de que se use la fuerza en su contra”.
- Anteriormente, el director del FBI, Kash Patel, había dicho que los manifestantes “no pueden llevar un arma de fuego cargada con múltiples cargadores a ningún tipo de protesta”.
Sin embargo, esta narrativa se encuentra bajo un escrutinio bipartidista:
- Versiones contradictorias: Al menos cuatro videos diferentes de testigos contradicen la versión oficial del gobierno. Los videos muestran que Pretti tenía un arma (y permiso para portar arma oculta en Minnesota), pero no parecía buscarla ni intentar usarla durante la confrontación.
- Críticas republicanas: El exvicepresidente Mike Pence describió las imágenes del incidente como “profundamente preocupantes” y el senador John Curtis, republicano por Utah, criticó la respuesta “prematura” de la secretaria del DHS, Kristi Noem.
La propia Noem intentó justificar el asesinato afirmando que Pretti “atacó a los agentes, portaba un arma y decenas de cartuchos de munición, con la intención de causarles daño”. No se ha presentado ninguna prueba que respalde esta versión.
La batalla legal y el escrutinio del Congreso
La Operación Metro Surge está siendo desafiada en múltiples frentes judiciales y legislativos.
Investigaciones y citaciones en el congreso
Un número creciente de republicanos está exigiendo transparencia. El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Garbarino, solicitó el testimonio de los líderes de ICE, CBP y USCIS. Por su parte, el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, convocó a los directores de esas agencias para una audiencia pública el 12 de febrero.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, testificará ante el Comité Judicial del Senado el 3 de marzo. El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, criticó a Noem por negarse a comparecer el año pasado, señalando que “con toda la violencia y las muertes relacionadas con el DHS, la secretaria aparentemente no tiene prisa por rendir cuentas”.
Siete senadores demócratas, incluyendo a Dick Durbin, se han comprometido a votar en contra de un paquete de financiación gubernamental si incluye fondos para el DHS sin reformas, aunque el senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, se negó a sumarse a esta estrategia de cierre.
Injerencia federal y seguridad pública
El director del FBI, Kash Patel, declaró que abrió una investigación sobre los chats grupales de Signal utilizados por residentes de Minnesota para rastrear y compartir información sobre los movimientos de los agentes federales de inmigración (números de matrícula y ubicación). Patel afirmó que quería saber si los residentes habían puesto “en peligro” a los agentes, lo que defensores de la libertad de expresión, como Aaron Terr de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, consideran protegido por la Primera Enmienda.
A nivel judicial, la jueza federal de distrito Katherine Menéndez se encuentra revisando la demanda presentada por el estado de Minnesota el 12 de enero, que busca declarar ilegal el despliegue de agentes y restablecer los niveles anteriores a la Operación Metro Surge. La jueza ordenó al Gobierno federal refutar por escrito si el propósito de la operación es castigar al estado por adoptar leyes de santuario o coaccionar a las autoridades locales.
Además, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito extendió una suspensión que permite a los agentes federales en Minnesota seguir utilizando espray pimienta y munición no letal contra manifestantes, argumentando la dificultad de distinguir entre comportamientos pacíficos y violentos en los videos de las protestas.
El patrón de choque jurisdiccional
La reasignación de Bovino y la intervención directa de Tom Homan en Minneapolis no solo reflejan una respuesta a la presión pública por la muerte de Alex Pretti, sino que también señalan la continua fricción entre el poder federal y los estados que buscan limitar la aplicación de la ley migratoria. El conflicto en Minnesota, lejos de ser un incidente aislado, es un síntoma claro de cómo las operaciones de seguridad migratoria se han convertido en un teatro de guerra política, donde la Casa Blanca intenta imponer su voluntad a nivel local, sin importar el costo en vidas humanas ni la erosión de la confianza entre las fuerzas del orden y la ciudadanía. El dilema central sigue siendo si la seguridad se construye mediante la confrontación o a través del respeto y el propósito compartido que exige el gobernador Walz.
