CHETUMAL, QR.- De acuerdo a la Red de Víctimas Quintanarroense hay un registros de 100 mujeres afectadas por violencia vicaria.
La representante de la red, Ariadne Song Anguas, destacó que en el tema de la violencia contra la mujer y de género, el avance ha sido el mínimo indispensable.
Indicó que uno de los delitos más recurrentes que están siendo atendidos por esta agrupación feminista y el Colectivo Xtabay es la violencia vicaria.
Agregó que gracias a las colectivas se había logrado la primera vinculación a proceso por violencia vicaria, sin embargo, el magistrado Carlos Lima Carvajal, la “tiró”, por lo que actualmente se lleva un proceso de apelación.
Aplicación de leyes y desafíos judiciales
El tema de la violencia vicaria, como muchos otros, ha sido un camino largo, aunque no solo se trata de aprobación de leyes, sino de una correcta aplicación por parte de los operadores de justicia como la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.
Dentro de su experiencia, aseguró que ha visto cómo jueces se coluden y cometen irregularidades, principalmente en los temas de guardia y custodia de los menores, que es el centro de la violencia vicaria.
Agregó que tampoco bastan las buenas intenciones del Gobierno del Estado a través del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo) y el Instituto de la Defensoría Pública.
Incremento de casos de violencia vicaria
Reveló que hasta el 2023 los casos de violencia vicaria ascendieron a 65; sin embargo, la cifra en el 2024 ha elevado a 100.
La violencia vicaria, dijo, se registra en los 11 municipios, pero donde más ha crecido es en Solidaridad, Tulum, Isla Mujeres y Cozumel. Aquí acotó que uno de los argumentos recurrentes que se utilizan para violentar a las mujeres es el trabajo, y ello impide la atención de los hijos, sin que se considere que muchas son madres sin pareja que tienen que valerse por sí mismas.
Reconocimiento legal y acciones de apoyo
Indicó que la violencia vicaria apenas ha sido recientemente aprobada en la entidad como delito, pero el Frente Nacional de Violencia Vicaria tiene en rojo a Quintana Roo.
Para defender a las mujeres violentadas, la red ha tenido que meter quejas ante el Consejo de la Judicatura y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. También inauguró el muro de la vergüenza de jueces y magistrados.
Añadió que este tipo de agresiones es solo un tipo de violencia que sufren las mujeres, pues las siguen asesinando y desapareciendo. El colmo, consideró, es que ahora hasta a las madres buscadoras las pretenden encarcelar por cerrar la zona hotelera de Cancún, cuando solo exigen ayuda para localizar a sus hijos.
Necesidad de reformas legislativas
Desde su punto de vista, el Congreso del Estado debe impulsar y aprobar reformas para endurecer las sanciones y penas para servidores públicos que incumplan con la correcta aplicación de las leyes, ya sea por acción u omisión, pues se han centrado en elevar los castigos a los violentadores, pero de nada sirve si los responsables de aplicarlas caen en la corrupción o no las aplican como es debido.
También se debe trabajar en acciones de prevención efectivas, pues ante la carencia se ha vuelto más complejo erradicar la violencia en contra de las mujeres o de género.
La Red de Víctimas Quintanarroense y el colectivo Xtabay han tenido que tomar cursos de derecho parlamentario para entender y proponer iniciativas, pese a que esa es la función de los legisladores.
Definición de violencia vicaria
La violencia vicaria fue tipificada como delito el 22 de agosto del 2022 en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, como parte del derecho civil familiar, de acuerdo con los archivos del Congreso del Estado.
Apenas el 29 de abril del 2024 fue incluida como delito en el Código Penal del Estado, en el artículo 176 QUINQUIES.
De acuerdo con la legislación referida, comete el delito de violencia vicaria “quien dolosamente cause un daño por sí o por interpósita persona a otra con la que mantenga o haya mantenido una relación de hecho, de concubinato o matrimonio, utilizando como medio para causar ese daño a las hijas o hijos de la víctima, generándoles también a estos últimos un daño físico y/o psicoemocional”.
La pena por la comisión de este delito es de hasta ocho años de prisión, sobre todo si hay daños a los hijos. Además de que el agresor puede perder la patria potestad, la custodia y derechos hereditarios.
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El delito de alienación parental es similar, aunque de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), este último se trata de “la manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor”.
Hasta junio de 2024, 20 estados han reconocido la violencia vicaria en sus leyes penales: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
