CDMX.– Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la asociación civil “México Evalúa” publicó hoy su análisis sobre la violencia homicida en las entidades del país, titulado “Un país, dos realidades: 13 entidades bajan la violencia, 12 no ven tregua”.
En ese contexto, Quintana Roo pasó del quinto al cuarto lugar en el “Top 5 de estados con la tasa más alta de violencia homicida”, debido a que, de enero a mayo, la tasa por cada 100 mil habitantes era de 44.2; sin embargo, de enero a junio subió a 54.7, lo que representó un aumento del 10.5 % en la violencia homicida en tan solo un mes.
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Mapa del crimen muestra desigualdad en violencia homicida territorial
Los datos nacionales también ocultan las dinámicas locales de la violencia letal. Es difícil hablar de un proceso de pacificación territorial en el país cuando se registran cifras como estas: el tamaño de la violencia en 2025 (cifras totales enero-junio), medida en tasa por cada 100 mil habitantes.
Top 5 de estados con la tasa más alta de violencia homicida: Baja California (73.5), Sinaloa (69), Morelos (59.8), Quintana Roo (54.7) y Colima (53.3).
Top 5 de estados con la tasa más baja de violencia homicida: Yucatán (4.3), Tlaxcala (5.3), Coahuila (6.8), Durango (11.2) y Chiapas (14.4).
Mapeo criminal
El análisis territorial revela una configuración del crimen organizado caracterizada por altos niveles de violencia concentrados en tres grandes regiones: el noroeste, el centro-occidente y el sur-sureste. En el noroeste, que abarca entidades como Baja California, Sonora y Chihuahua, predominan los colores rojo (balance negativo) y café (balance muy negativo), lo que indica una fuerte conflictividad derivada de la fragmentación del extinto Cártel de Sinaloa.
Las disputas entre facciones como La Chapiza y Los Mayos, así como los enfrentamientos con grupos locales en Chihuahua, generan un entorno de violencia estructural agravado por la ubicación estratégica de la región como corredor fronterizo para el tráfico de drogas, armas y personas.
En contraste, entidades como Yucatán, Tlaxcala, Aguascalientes y Coahuila aparecen en verde, lo que sugiere una menor exposición a disputas violentas. En algunos casos, esto obedece a la ausencia de mercados estratégicos o al control de un solo grupo que no enfrenta competencia significativa.
No obstante, una baja intensidad de conflicto armado no debe interpretarse como ausencia de criminalidad, ya que pueden persistir fenómenos como el cobro de piso o la infiltración institucional, sin que haya violencia visible.
Yucatán aparece entre las entidades con menor violencia homicida
En síntesis, el mapa muestra un país profundamente fragmentado, donde la violencia no se distribuye de forma uniforme, sino que se concentra en regiones con alta disputa estratégica, mientras otras zonas experimentan un control criminal más estable o menor interés por parte de las organizaciones.
Es posible identificar dos grandes bloques espaciales: el corredor del Pacífico, con mayor violencia, y el del Golfo, en aparente pacificación. Esta configuración exige enfoques diferenciados de política pública, con estrategias territoriales específicas que reconozcan la lógica criminal detrás de cada conflicto.
Saldos positivos
Sólo un tercio del país, 13 entidades, presenta un balance positivo: Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Es la segunda ocasión que Zacatecas y Jalisco no figuran en esta lista, lo que genera dudas sobre sus capacidades institucionales para capturar las diferentes expresiones de la violencia letal y sus incentivos políticos para subreportar estos fenómenos, pese a tener distintos orígenes partidistas.
Yucatán mantiene un balance positivo incluso al incorporar otros delitos, más allá del homicidio doloso. Esto sugiere condiciones contextuales y de política pública particulares que permiten una evaluación favorable.
En esta edición, Querétaro abandonó la calificación de muy negativo y pasó a positivo, pese a que persisten conflictos entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el robo de combustibles y el cobro de piso.
