CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, El Universal se dio a la tarea de investigar lo que sucede cuando los feminicidas son menores de edad.
A través de un reportaje en el que se recabaron informes de todas las fiscalías y procuradurías estatales, se expuso que en 17 estados del país se tiene registro de por lo menos 50 menores de edad que cometieron feminicidio o la tentativa del mismo.
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Los agresores suelen ser adolescentes de entre 13 y 17 años de edad, quienes reciben cómo máximo sentencias de hasta cinco años y una serie de restricciones, que para los familiares de las víctimas, no son suficientes.
Ejemplo de esto es Javier Olaguer, “El demonio“, un joven de entonces 13 años de edad que se declaró culpable y explicó a detalle, cómo asesinó a una menor de 11 años en abril del 2016.
“Le di en el cuello bien feo, como 30 cuchillazos. Me acuerdo que había chorros de sangre, había en el piso como un litro, se había desangrado de volada”, declaró el joven a un medio de comunicación en Monclova, Coahuila —donde ocurrió el caso—.
Pese a esta confesión, Olaguer fue sentenciado a arresto domiciliario al cuidado de su madre y a tomar terapia psicológica.
Sentencias contra menores feminicidas
Debido a la edad de los infractores, las sentencias en su contra no siempre consisten en su internamiento en centros para adolescentes. Los castigos más comunes son:
- La amonestación.
- El apercibimiento.
- La supervisión familiar.
- La no posesión de armas,
- y la prohibición de no viajar al extranjero.
Dichas disposiciones no son privativas de la libertad. Las tres medidas restrictivas que sí lo son es:
- El internamiento.
- La estancia domiciliaria,
- y el internamiento en tiempo libre.
Este tipo de castigos se ejecutan bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la que se prevén principios y consideraciones para protegerlos, señaló Ximena Ugarte Trangay, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Ugarte Trangay, también explicó que en México, el sistema de justicia para adolescentes está orientado a la resocialización y reeducación, debido a que se encuentran en una etapa de maduración, misma que puede darse en un periodo de cinco años.
En ese sentido, el artículo 155 de la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes establece 10 medidas de sanción no privativas de la libertad para los jóvenes que cometen un ilícito y otras tres que sí son restrictivas a la libertad, con un máximo de aplicación de cinco años.
Para los familiares de las víctimas, estas sentencias son una burla y piden ser juzgados como adultos al cometer crímenes de adultos.
“Si un menor actúa como adulto, ¿por qué no se le puede juzgar como adulto? No es una travesura. Su sentencia fue una burla para mí porque nadie garantizó que cumpliera su arresto domiciliario. Él ahora está libre, pero mi hija está muerta”, explicó la madre de Diana Ramírez, víctima de “El demonio”.
Con información de El Universal
