CANCÚN, QR.– Un total de 86 menores de edad, remitidos al esquema conocido como El Torito, fueron sorprendidos consumiendo droga o alcohol en la vía pública y han sido detenidos por faltas administrativas desde febrero pasado, mes en que arrancó el programa de colaboración entre los Juzgados Cívicos y el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA) de Cancún.
Lo anterior lo reveló el director de los Juzgados Cívicos, Jorge Rivero Pech, quien detalló en entrevista que las principales causas por las que estos jóvenes fueron detenidos son el consumo de marihuana y alcohol, así como riñas derivadas de la ingesta de estas sustancias.
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En ese sentido, Rivero Pech señaló que esta dependencia municipal ha detectado que muchos de los jóvenes retenidos en “El Torito” presentan problemas familiares, ya sea porque no reciben atención en casa o porque tienen malas amistades.
Atención a jóvenes canalizados desde El Torito continúa en aumento
“Papá y mamá, en muchos casos, tienen que trabajar y ellos tienen mucho tiempo libre. Llegan las malas amistades, les invitan alcohol, droga y entonces muchos llegan ahí (al Centro de Retención Municipal)”, añadió.
El funcionario puntualizó que, en los casos que así lo ameritan, Juzgados Cívicos canaliza a los jóvenes al Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), que trabaja en estrecha colaboración con las familias, buscando la reintegración plena de estos menores a la sociedad. Destacó que ninguno de estos 86 jóvenes ha sido reincidente, lo que, dijo, “habla bien de este programa”.
Programa entre IMCA y El Torito impulsa nuevas estrategias municipales
Rivero Pech subrayó que el objetivo principal es buscar soluciones de fondo para evitar la reincidencia, sobre todo en los casos donde los jóvenes presentan adicciones o vulnerabilidades sociales.
“Antes la justicia era a rajatabla: barandilla, sanción económica o arresto y finalización del proceso. Ahora se busca la causa del comportamiento. Si se identifica una enfermedad, adicción o una situación personal que la persona está viviendo, la sanción se convierte en canalización”, sostuvo.
Por otra parte, el funcionario indicó que, a 20 días de haber sido inaugurada la sala de juicios orales, van 20 casos atendidos por esta vía. Aseguró que la agilidad del nuevo proceso contribuye a disminuir la estancia de los infractores.
Agregó que, debido a la falta de experiencia de los jueces cívicos, las audiencias tardan alrededor de 20 minutos, pero se espera que en unos meses este tiempo se reduzca a 10.
