CANCÚN, Q. Roo.- Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un masculino identificado como Juan José “N”, por su presunta relación con hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil, en este municipio.
De acuerdo con la autoridad ministerial, la investigación por delito de trata de personas se originó a partir de una denuncia presentada por la Guardia Nacional, a través de su Dirección Científica, tras recibir reportes canalizados por la Agregaduría de Investigación de Seguridad Nacional de Estados Unidos en México, mediante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).
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Orden de aprehensión por delito de trata de personas
Las indagatorias señalan que Juan José “N”, presuntamente bajo el uso de un pseudónimo, habría utilizado diversas plataformas digitales para difundir, almacenar, producir, intercambiar y compartir archivos con imágenes y videos de pornografía infantil, acciones que configuran el delito de trata de personas, conforme a la legislación vigente.
Como parte de la investigación, la Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de cateo en el domicilio del imputado, donde fueron asegurados un módem y diversos dispositivos electrónicos presuntamente relacionados con material de pornografía infantil. Asimismo, se informó que el teléfono celular que portaba al momento de su detención habría sido utilizado para compartir dichos archivos, elementos clave en la integración del delito de trata de personas.
Según el dictamen pericial en la especialidad de Medicina en Escala Tanner, la mayoría de los archivos analizados corresponden a personas menores de 18 años de edad, lo que refuerza las imputaciones por delito de trata de personas en agravio de niñas, niños y adolescentes.
Tras concluir las diligencias de ley, el detenido y las evidencias aseguradas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que en el plazo constitucional determinará su situación jurídica por el delito de trata de personas.
