CHETUMAL, QR.- Un total de 96 cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas por integrantes de la delincuencia organizada han sido retiradas en al menos seis municipios de Quintana Roo.
Fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Julio César Gómez Torres, quien informó sobre dichas acciones.
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El retiro de estos dispositivos tecnológicos tiene la finalidad de desarticular cualquier indicio que pudiera estar relacionado con grupos delincuenciales en la entidad.
Hasta el momento, son 96 las cámaras desmanteladas en seis municipios, distribuidas de la siguiente manera:
- 15 en Othón P. Blanco
- 14 en Felipe Carrillo Puerto
- 30 en Playa del Carmen
- 22 en Cozumel
- 12 en Tulum
- 3 en Benito Juárez
Destacó que estos dispositivos de videovigilancia no tienen relación alguna con viviendas de la población, sino que están ubicados de forma estratégica.
“Las cámaras están colocadas en árboles, postes de energía eléctrica y de telefonía, por lo que no tienen que ver con la seguridad de las casas”, enfatizó.
Dijo que, solo en los casos de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen, los equipos confiscados están identificados como herramientas de la delincuencia, pues estaban dirigidos a domicilios cateados.
Gómez Torres resaltó que las cámaras aseguradas no están conectadas al sistema de monitoreo del C5 ni del C4.
Agregó que se realiza una investigación, pero se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de instalarlas.
Denunciar cámaras sospechosas
Exhortó a la población a denunciar cualquier cámara sospechosa instalada en la vía pública al 911 o al 089, para que de inmediato se proceda a su retiro.
Los primeros 18 dispositivos de videovigilancia parásitos fueron ubicados en Playa del Carmen el pasado 10 de abril. Para el día 14 del mismo mes, ya sumaban 70 equipos desmantelados en las calles y en cuatro municipios.
Ahora suman 96 y fueron localizados en seis de los 11 municipios de la entidad. Las revisiones continúan por parte de las autoridades policíacas.
La SSC informó que se trabaja en una serie de reformas legales para combatir este tipo de equipos tecnológicos.
