CHETUMAL, QRoo.- De los trabajadores de la administración pública estatal que fallecieron por Covid-19, sus deudos no cobrarán los seguros de vida respectivos ya que las aseguradoras realizarán investigaciones para conocer si respetaron los protocolos sanitarios.
Al menos de manera oficial se tiene conocimiento que 12 empleados del Gobierno del Estado han muertos al ser contagiados por la enfermedad, en lo que va de la emergencia sanitaria por Covid-19.
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Sin embargo, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage) informó que no será por mero trámite que las familias o beneficiarios de burócratas que hayan fallecido como consecuencia del virus puedan cobrar su seguro de vida.
Lo anterior obedece a que las aseguradoras notificaron que harán las investigaciones respectivas para confirmar que los enfermos, antes de fallecer, hayan respetado las medidas de aislamiento social, es decir que no haya sido por imprudencia y que los enfermos hayan llevado los protocolos de rigor hasta que finalmente fallecieron.
El cobro para de los seguros de vida por parte de los beneficiarios podría extenderse hasta el 2021, de acuerdo con el propio Sutage.
Las aseguradoras aplicarán rigor para el pago del seguro para confirmar que el trabajador no contrajo la enfermedad desempeñando alguna otra labor.
Ante ello según el Sutage nada se puede hacer pues son políticas de las aseguradoras, aunque ello genere molestia entre los familiares de los difuntos.
Aunque los trabajadores desconocen si dentro de las cláusulas de los contratos de los seguros se estipula dicha investigación, pues cuando firman el contrato solo llenan un formato con datos generales y el nombre del o los beneficiarios.
Tampoco saben en qué se basan tales investigaciones que podrían llevar a perder el beneficio “post mortem”, para las familias.
Los espacios laborales que han dejado los burócratas fallecidos comenzaron a ser solicitados también por los familiares, sin embargo según el sindicato, el trámite no es ante la autoridad sindical sino ante el Gobierno del Estado.
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En este caso y luego de la desaparición de la Oficialía Mayor es la Secretaría de Finanza y Planeación (Sefiplan), la instancia responsable de administrar las plazas laborales de la administración pública estatal.
