CANCÚN, QR.– En un esfuerzo para fortalecer la transparencia a nivel nacional, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó en la instalación virtual del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, encabezado por Raquel Buenrostro, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. Este órgano tiene como objetivo coordinar y promover políticas de acceso a la información en todo México.

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Organismos estatales y federales colaboran para fortalecer la transparencia
En la reunión también se aprobó el Reglamento de Operación y Funcionamiento del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, que define el marco para la colaboración entre las entidades federativas y organismos responsables de garantizar el acceso a la información pública.
La instalación del Consejo tiene como objetivo establecer un espacio de diálogo y deliberación entre las autoridades estatales y federales encargadas de la transparencia, para generar criterios uniformes, lineamientos y propuestas de política pública que permitan mejorar la rendición de cuentas en todo el país.
A la sesión asistieron gobernadores de varias entidades, así como titulares de órganos estatales de control, la titular de Transparencia para el Pueblo, María Tanivet Ramos Reyes, y representantes del Archivo General de la Nación, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, e Instituto Nacional Electoral.

En el caso de Quintana Roo, la gobernadora explicó que el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo establece a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción como prioridades para la administración estatal. Este enfoque considera que los recursos públicos deben gestionarse con responsabilidad y respeto al derecho de la ciudadanía a conocer cómo se manejan.
La instalación del Consejo representa un paso para fortalecer la coordinación institucional y la supervisión sobre el acceso a la información, un derecho contemplado en la legislación mexicana y un mecanismo fundamental para la vigilancia ciudadana y el control gubernamental.

