CANCÚN, QR.- La reforma energética de 2024 ha generado un amplio debate sobre el futuro del sector energético en México. Con propuestas que buscan fortalecer a las empresas públicas como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno tiene la intención de recuperar el control estatal sobre áreas clave de la economía, como la explotación de hidrocarburos y la generación de electricidad.
Esta reforma no solo plantea la revisión de artículos constitucionales, sino que también implica un cambio profundo en el enfoque de gestión energética del país. ¿Qué implica esta reforma energética para México y sus ciudadanos?
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Uno de los puntos más relevantes de la reforma energética es el reconocimiento de PEMEX y CFE como empresas públicas del Estado. Con esto, se busca frenar la privatización y retomar el control total del Estado sobre la explotación y producción de recursos energéticos.
Este proceso no es nuevo, ya que a lo largo de los años se han realizado varias reformas que transformaron a estas empresas, como la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 o la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1937.
En la actualidad, el 90% de la gasolina que consume el país es producida localmente, y el 54% de la energía es generada por la CFE. Esta cifra es relevante en un contexto en el que la reforma energética de 2013 había permitido una mayor apertura a la inversión privada en la generación de energía.
Sin embargo, las autoridades actuales argumentan que dicho modelo comprometió la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), favoreciendo la generación de energías intermitentes como la solar y la eólica sin la planeación adecuada.
Entre 2019 y 2023, se invirtieron cerca de 20 mil millones de dólares en proyectos de generación, transmisión y distribución a través de la CFE, un esfuerzo sin precedentes que busca consolidar la soberanía energética del país y evitar la dependencia de fuentes externas.
El papel del litio y el internet
Otro de los cambios importantes que introduce la reforma energética es el tratamiento del litio y el servicio de internet como áreas estratégicas para el Estado. El litio, clave para la producción de baterías y tecnologías renovables, será explotado exclusivamente por el Estado, sin concesiones a privados, según lo estipulado en el artículo 27 de la Constitución.
El servicio de internet, por su parte, se contempla como un derecho fundamental que el Estado debe proveer a precios accesibles. La reforma energética subraya que estas actividades no constituirán monopolios, sino que garantizarán que toda la población tenga acceso a servicios de calidad, a diferencia del enfoque mercantil que priorizaba la rentabilidad sobre el bienestar social.
Transformación de las empresas públicas
Históricamente, tanto PEMEX como la CFE han pasado por diversas transformaciones. Desde la creación de PEMEX en 1938 bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, su estructura ha evolucionado para responder a los retos del mercado y las políticas energéticas del país.
En 1971, PEMEX fue definido como un organismo descentralizado con fines productivos, una etapa en la que se buscó transformar su operación. En 1992, se abrió parcialmente el sector energético a la participación privada y se permitió la venta de 61 plantas de petroquímica secundaria.
Con la reforma energética de 2013, estas empresas estatales se convirtieron en “Empresas Productivas del Estado”, operando bajo un esquema corporativista y mercantil. La reforma ernegética de 2024 busca revertir este proceso, devolviendo a PEMEX y la CFE su carácter de empresas públicas con el fin de garantizar la seguridad energética y la autosuficiencia del país.
La participación privada en el sector energético
Aunque la reforma energética refuerza el control estatal sobre los recursos estratégicos, mantiene la participación de la inversión privada en ciertas áreas. En el sector eléctrico, el Estado controlará el 54% de la generación, mientras que el 46% restante estará abierto a la iniciativa privada.
Este modelo de participación mixta ya había sido introducido en 1992, cuando se permitió a particulares generar energía para uso propio. Sin embargo, la reforma de 2024 plantea reglas más estrictas para la inversión privada.
Se busca que la participación privada sea ordenada y acorde a las necesidades del país, privilegiando la generación limpia y renovable, pero siempre bajo el control y la planeación del Sistema Eléctrico Nacional.
Consecuencias de la reforma en el esquema de generación eléctrica
La reforma constitucional que propone el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2024 también tiene importantes consecuencias para el esquema de generación eléctrica. Bajo el nuevo modelo, el Estado garantizará el 54% de la generación de electricidad, mientras que el 46% restante estará a cargo de la iniciativa privada. Esto asegura una mayor intervención estatal en la planeación y distribución de la energía.
Asimismo, la verticalidad en la integración de las empresas públicas permitirá una operación más eficiente, desde la generación hasta la distribución. Se fortalecerán las capacidades de las empresas del Estado para garantizar la seguridad energética, buscando la autosuficiencia en todas las regiones del país.
El equilibrio entre la participación estatal y privada también está diseñado para distribuir los riesgos y beneficios de manera justa. Las inversiones privadas serán bienvenidas, siempre que se alineen con las metas estratégicas del país, especialmente en la generación de energías limpias y renovables.
Iniciativas legislativas de la reforma eléctrica de 2021
Un antecedente importante de la reforma energética de 2024 es la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que ponía énfasis en la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Esta iniciativa buscaba fortalecer a la CFE, asegurando que el despacho de electricidad priorizara la seguridad y continuidad del sistema que provee esta empresa pública, por encima de precios distorsionados que habían favorecido a empresas privadas.
Entre los puntos más destacados de esta iniciativa estaban el reconocimiento de la generación hidroeléctrica de la CFE y la eliminación de prácticas indebidas en los permisos de autoabastecimiento. Además, se otorgaba mayor control al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para determinar el acceso a las redes de transmisión y distribución de electricidad.
Este marco normativo sentó las bases para la reforma constitucional de 2024, cuyo objetivo es consolidar la soberanía energética del país y fortalecer a las empresas públicas frente a la competencia privada.
