CDMX.- Áreas naturales protegidas fueron el eje central de la reunión de trabajo que sostuvo la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, con el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Pedro Álvarez-Icaza, con el objetivo de fortalecer la conservación ambiental y avanzar hacia un desarrollo ordenado y sustentable mediante la revisión de programas y proyectos estratégicos para el estado.
Durante el encuentro, se destacó que más del 30 por ciento del territorio de Quintana Roo cuenta con alguna categoría de áreas naturales protegidas, lo que representa una alta responsabilidad ambiental para las autoridades, pero también una oportunidad para consolidar un modelo de crecimiento equilibrado que combine conservación, planeación territorial y bienestar social.
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Protección ambiental y bienestar social, ejes de las áreas naturales protegidas
La mandataria estatal subrayó que la política ambiental de Quintana Roo se encuentra alineada con los compromisos internacionales asumidos por México, particularmente con la meta 30×30 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que busca proteger al menos el 30 por ciento de los ecosistemas terrestres y marinos para el año 2030. En ese contexto, señaló que el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas es clave para garantizar la preservación del patrimonio natural frente al crecimiento urbano y turístico.
Mara Lezama enfatizó que la protección de las áreas naturales protegidas debe aplicarse con un enfoque de justicia ambiental, colocando en el centro a las comunidades que históricamente han sido guardianas de estos ecosistemas. Como ejemplo, mencionó a las y los pescadores artesanales de Punta Herrero, quienes dependen directamente de la salud ambiental para mantener su sustento y su forma de vida.
Por su parte, el titular de la CONANP coincidió en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para asegurar que las áreas naturales protegidas cuenten con esquemas de manejo eficaces, vigilancia permanente y programas de aprovechamiento sustentable que beneficien a las comunidades locales.
Ambas partes coincidieron en que la conservación ambiental solo es viable cuando se traduce en bienestar social, oportunidades económicas y desarrollo justo, por lo que la estrategia en torno a las áreas naturales protegidas debe consolidarse como una política integral que proteja la naturaleza y, al mismo tiempo, fortalezca el tejido social y productivo de Quintana Roo.
