La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron 11 rutas activas de tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, con destino a diez entidades mexicanas, entre el 20 de noviembre de 2024 y el 19 de mayo de 2025.
El hallazgo derivó del intercambio de información entre ambas instituciones, que permitió también reforzar despliegues operativos para frenar actividades vinculadas con violencia armada y homicidios dolosos, de acuerdo con el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente, citado por Quadratín en la edición del 8 de julio.
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Sedena detecta rutas activas de tráfico de armas
Las rutas identificadas tienen como destino los siguientes estados:
- Baja California
- Chihuahua
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
- Sonora
- Tamaulipas
- Zacatecas
En paralelo, durante el mismo periodo, las fuerzas armadas realizaron decomisos relacionados con el tráfico de armas: cinco mil 869 armas de fuego, 31 mil 868 cargadores, un millón 296 mil 761 cartuchos y 289 granadas, según el mismo reporte oficial.
En coordinación con la FGR, la Sedena reorientó su despliegue territorial en puntos clave de las rutas detectadas, como parte de los esfuerzos para contener el flujo de armamento hacia células criminales que operan en diversas regiones del país.
Las autoridades también reportaron resultados adicionales en operaciones contra el narcotráfico y el tráfico de armas, que incluyeron la detención de 11 mil 828 presuntos generadores de violencia y el aseguramiento de más de 25 millones de pesos y ocho millones de dólares en efectivo, así como la destrucción de miles de hectáreas dedicadas a cultivos ilícitos, según Quadratín el 8 de julio.
Paralelamente, el Gobierno mexicano mantiene una vía legal contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses. La canciller Alicia Bárcena informó en enero pasado que armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos han sido detectadas en territorio mexicano.
En una conferencia de prensa ofrecida el 22 de enero, la funcionaria aseguró que la Sedena alertó al gobierno estadounidense sobre la presencia de este tipo de armamento, vinculado al tráfico de armas, sin ofrecer mayores detalles. De acuerdo con DW en su nota del 23 de enero, este fue uno de los puntos discutidos en una reunión entre funcionarios de ambos países celebrada en Washington el 19 de enero.
La administración federal ha promovido dos demandas en cortes estadounidenses: una en Boston y otra en Tucson, Arizona, contra empresas fabricantes de armas, responsabilizándolas de facilitar, por omisión o negligencia, el tráfico ilícito de armamento hacia México.
Aunque una de las querellas enfrentó obstáculos judiciales, el 22 de enero la canciller Bárcena anunció que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos falló a favor del gobierno mexicano, ordenando que el caso regresara a primera instancia para una nueva revisión del fondo del asunto, según el reporte de DW.
El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, también se pronunció sobre el tema. En una rueda de prensa ese mismo día, indicó que existe un “intercambio constante” de información entre ambos gobiernos, y reiteró que detener el flujo de armas es una prioridad para la administración del presidente Joe Biden. “Sabemos que el 70% de las armas que causan violencia aquí en México vienen de Estados Unidos”, declaró Salazar, de acuerdo con DW el 23 de enero.
Según datos oficiales, cada año más de 500 mil armas cruzan de forma ilegal la frontera hacia México desde Estados Unidos, como parte del tráfico de armas que contribuye de manera directa al fortalecimiento de grupos criminales armados. Esta situación ha sido señalada de forma reiterada por el gobierno federal como uno de los factores que impulsan la violencia relacionada con el crimen organizado.
En este contexto, la Sedena y la FGR han intensificado la cooperación bilateral con agencias estadounidenses, en un intento por frenar el trasiego ilegal en sus fases más tempranas. Al mismo tiempo, el gobierno federal mantiene su ofensiva legal y diplomática contra la industria armamentista estadounidense, apuntando a que su responsabilidad en el suministro de armas a grupos delictivos sea reconocida judicialmente.
Mientras las rutas del tráfico de armas siguen bajo vigilancia y los operativos se despliegan en zonas de alto riesgo, las autoridades mexicanas insisten en la necesidad de abordar el fenómeno desde un enfoque conjunto con Estados Unidos, tanto en lo operativo como en lo judicial.
