La administración de Claudia Sheinbaum ha implementado un cambio estratégico en la lucha contra el crimen organizado en México, enfocándose en el desmantelamiento de la estructura financiera y operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en lugar de la tradicional captura de cabecillas. Este enfoque busca mitigar la fragmentación y la escalada de violencia observadas en estrategias previas.
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¿Cómo se diferencia la estrategia actual de seguridad de las administraciones anteriores?
La estrategia de seguridad bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum marca un giro significativo respecto a la política de “Abrazos no Balazos” de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que permitió la expansión de organizaciones criminales como el CJNG. Históricamente, la táctica predominante en México ha sido la “descabezar” los cárteles mediante la captura o eliminación de sus líderes. Sin embargo, la evidencia técnica y los análisis de seguridad han demostrado que esta aproximación a menudo conduce a la fragmentación de los grupos criminales, generando facciones más pequeñas y, en ocasiones, más violentas que compiten por el control de territorios y mercados ilícitos.
En contraste, la administración Sheinbaum, con Omar García Harfuch dirigiendo la política de seguridad nacional, quien fue blanco de un intento de asesinato por parte del CJNG en 2020, ha adoptado una postura más agresiva y multifacética. Esta nueva dirección prioriza la inteligencia operativa, la coordinación institucional y la colaboración internacional, además de acciones contra objetivos de alto perfil en el crimen organizado. La operación que resultó en la muerte de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, el 23 de febrero de 2026, con apoyo de inteligencia estadounidense, es un claro reflejo de esta evolución estratégica.
¿Qué implicaciones tiene el enfoque en la estructura financiera y operativa del CJNG?
El enfoque en el desmantelamiento de la estructura financiera y operativa del CJNG representa una solución avanzada para combatir la raíz del poder de estas organizaciones. Los cárteles, como el CJNG, han evolucionado de simples redes de contrabando de drogas a sofisticadas empresas criminales multinacionales, diversificando sus actividades ilícitas para incluir extorsión, secuestro, tráfico de personas, tala ilegal y robo de combustible. Sus cadenas de suministro y subsidiarias se extienden globalmente, facilitando el lavado de dinero, el refinamiento de drogas y la inversión en bienes raíces, lo que complica las acciones de las fuerzas del orden.
Al atacar las finanzas, se busca cortar el flujo de recursos que permite a estas organizaciones operar, corromper instituciones y financiar su violencia. La colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el lavado de dinero y la identificación de redes financieras es crucial, como se ha observado en acciones bilaterales contra el Cártel de Sinaloa. Las instituciones financieras mexicanas, aunque no son el objetivo directo, se encuentran en la mira de las autoridades estadounidenses debido a su potencial proximidad con negocios relacionados con cárteles, lo que subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera y las unidades de análisis de activos. La recuperación de dinero ilícito puede y debe ser reinvertida por el Estado para fortalecer la lucha contra el crimen.
¿Cuáles son los desafíos inherentes a la desarticulación de cárteles con alcance global como el CJNG?
La desarticulación de cárteles como el CJNG presenta desafíos complejos debido a su profunda penetración en la sociedad mexicana y su alcance transnacional. La corrupción en diversos niveles de gobierno permite que operen con impunidad, recibiendo protección o asistencia directa de autoridades locales. Esta falta de rendición de cuentas socava los esfuerzos para desmantelar estos grupos.
El CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos de México, opera en múltiples estados del país y tiene una presencia internacional significativa, incluso en casi los 50 estados de Estados Unidos. Su estructura semi-federalizada, con “franquicias” regionales que mantienen autonomía operativa y financiera, plantea interrogantes sobre el impacto real de la muerte de un líder en su capacidad estructural. La experiencia indica que la decapitación de organizaciones criminales rara vez conduce a su destrucción, sino a la fragmentación y a un aumento de la violencia, como se ha visto en el caso del Cártel de Sinaloa.
Para contrarrestar estas organizaciones, se requiere un enfoque integral que vaya más allá de las tácticas tradicionales de aplicación de la ley. Esto incluye fortalecer el sistema judicial, reducir la corrupción, implementar programas sociales para poblaciones vulnerables y restaurar la confianza en las instituciones. La coordinación internacional, especialmente con Estados Unidos, es indispensable para abordar la complejidad de sus redes globales de tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
