Grupo Salinas, corporativo presidido por Ricardo Salinas Pliego, efectuó el pago fiscal más grande registrado en la historia de México por un adeudo de este tipo, saldando 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la acción como el fin de los “privilegios” empresariales, confirmando el 31 de enero de 2026 desde Tijuana, Baja California, que el proceso no era político sino un tema de simple obligación fiscal. Este pago histórico se concreta después de un litigio que se extendió por más de 18 años.
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La magnitud del pago: el fin de los privilegios fiscales
El 31 de enero de 2026, desde el cuartel general de la Segunda Zona Militar en Tijuana, la presidenta Sheinbaum Pardo manifestó su satisfacción con la decisión del empresario Ricardo Salinas Pliego de cubrir el adeudo fiscal. “¡Qué bueno que decidieron pagar! Ya no hay privilegios”, declaró, reiterando que este era el pago más grande que se ha hecho por un caso de esta naturaleza.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detalló que la compañía ingresó a la Tesorería de la Federación un primer abono por 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos. El saldo restante, que completa los $32,132,897,658 pesos del adeudo, se cubrirá mediante 18 pagos subsecuentes.
Sheinbaum recordó que la condonación de impuestos fue prohibida en la Constitución cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al cargo. Tras años de resistencia legal, en 2020 se registraron pagos de impuestos adeudados por muchas empresas, y este cobro a Grupo Salinas, afirmó la mandataria, sigue esa línea.
La visión crítica de Oxfam: la deuda del sistema fiscal mexicano
A pesar de la celebración oficial, expertos y organizaciones civiles advierten que el caso de Grupo Salinas revela las profundas fallas del sistema fiscal. Carlos Brown, director de Programas de Oxfam México, considera que el cobro exitoso a uno de los hombres más ricos del país (cuya fortuna asciende a más de 5 mil millones de dólares) debería ser el detonante para una reforma fiscal urgente en México. Brown sostiene que, aunque representa un “triunfo histórico del estado de derecho”, la realidad está lejos de la igualdad fiscal.
La ministra Lenia Batres había anunciado el 29 de enero el desistimiento del último amparo promovido por Total Play, empresa de Grupo Salinas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Batres calificó la acción como un mensaje alentador sobre el cumplimiento de obligaciones, sin importar la capacidad económica.
El matiz de la reducción: ¿triunfo legal o ventaja sistémica?
Un detalle clave que opaca el triunfo total es la reducción del monto. En un inicio, la SCJN sentenció a Salinas Pliego a pagar 51 mil millones de pesos. Sin embargo, el empresario logró convenir con el SAT una reducción del 37% de su deuda para fijar la cifra final en los $32,132 millones.
Carlos Brown señaló que, aunque este mecanismo de reducción de deuda es legal, es necesario evaluar si cualquier contribuyente puede acceder a estos beneficios. El economista político, especializado en justicia fiscal, advierte que el sistema está estructurado para beneficiar a quienes tienen el poder de negociación:
> “Pareciera que es para todo mundo, pero en la capacidad de fuerza en la negociación con la autoridad, le va mejor a quien tiene a los abogados, a los fiscalistas y a los contadores.”
El 0.15% y la renuncia recaudatoria
Oxfam México subraya que el sistema tributario actual permite a las personas más ricas aportar una cantidad desproporcionadamente baja. Según datos de la organización, las personas con ingresos superiores a los 500 millones de pesos anuales contribuyen con solo el 0.15% de los impuestos que se recaudan a nivel federal. Brown lo ejemplifica así: “Si todos los impuestos recaudados a nivel federal en un año fueran un billete de 100 pesos, ellos contribuyen con 15 centavos”.
Esta baja contribución es posible, en parte, gracias a la llamada “renuncia recaudatoria” del gobierno mexicano, la cual permite legalmente diferir o disminuir el pago de impuestos mediante un sistema plagado de excepciones. Un sistema tributario sólido, argumenta Oxfam, no debería tener tantas excepciones que favorecen a los sectores con mayor poder económico.
Contexto político y legal: de aliado a adversario
La larga disputa fiscal se inserta en un contexto de relación política fracturada. Ricardo Salinas Pliego fue, al inicio del sexenio, un colaborador cercano y amigo del expresidente López Obrador, cuyas sucursales de Banco Azteca (propiedad del empresario) se utilizaron para la dispersión de programas sociales.
No obstante, la relación se rompió cuando el gobierno intentó cobrar los impuestos pendientes. Hoy, Televisión Azteca se ha convertido en un medio férreo crítico del partido en el poder, Morena, y sus gobiernos. Incluso se ha documentado la tendencia de los “mil millonarios” a buscar puestos de elección popular, un fenómeno global que, según Oxfam, les da 4 mil veces más posibilidades de acceso al poder público. El propio Salinas Pliego ha manifestado la posibilidad de postularse a la Presidencia de México en 2030 si no surge una opción opositora fuerte.
El problema de la evasión no es nuevo. Una lista de beneficios fiscales otorgados entre 2007 y 2015, obtenida por Fundar en 2019, sumaba 172 mil 335 millones de pesos en beneficios y 572 mil 743 millones de pesos cancelados en créditos fiscales. Este perdón fiscal fue gozado por grandes empresarios como Salinas Pliego y Carlos Slim (quien también fue cercano a López Obrador) y por empresas como Grupo Lala, Banamex, HSBC, Sabritas y Volkswagen. Este panorama recalca la necesidad de revisar urgentemente el sistema tributario, ya que las reglas actuales obligan al Estado a “perseguir y utilizar todos los recursos posibles” solo para que los más ricos paguen lo pendiente.
El pago récord de Grupo Salinas marca un precedente de cumplimiento forzado, pero simultáneamente expone la complejidad y la desigualdad incrustadas en el diseño fiscal mexicano. La pregunta clave es si este logro puntual generará el impulso político real para desmantelar las excepciones legales que permiten que la élite económica continúe eludiendo sus responsabilidades fiscales.
