La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación abierta contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos delitos graves que incluyen narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. Este caso adquiere una dimensión pública clave debido a la solicitud formal de que la mandataria solicite licencia ante los señalamientos.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), junto con organizaciones de la sociedad civil, ha exhortado a la gobernadora a separarse temporalmente de su cargo. Su argumento principal es la necesidad de proteger la integridad pública y la confianza institucional en una entidad fronteriza tan estratégica, mientras se esclarecen los vínculos con facciones del crimen organizado.
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Investigación confirmada: los detalles del caso
La mandataria estatal reconoció públicamente que la carpeta de investigación contra Carlos Torres Torres se encuentra activa. La investigación deriva de una denuncia anónima que fue presentada a mediados de 2025. Los delitos específicos que la FGR indaga son la presunta participación en narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.
De acuerdo con la información confirmada, la investigación se relaciona con presuntas operaciones financieras y logísticas vinculadas a organizaciones criminales que operan en la región fronteriza de Baja California. La denuncia apunta a una supuesta trama para permitir actividades ilícitas a una facción del crimen organizado, específicamente el cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Se han revelado detalles sobre la supuesta operación de la red:
- Pagos ilícitos: Torres habría recibido 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, quien fungió como exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali. Estos pagos presuntamente tenían como objetivo permitir la operación de Los Rusos en Mexicali.
- Liderazgo de la red: Luis Alfonso Torres, excuñado de Marina del Pilar, aparece en la carpeta de investigación como presunto líder de la red, encargado de dirigir operaciones administrativas de recursos ilícitos mediante empresas y del financiamiento de campañas políticas en México.
El precedente: indagatorias transfronterizas y múltiples cargos
Los señalamientos contra el exesposo de la gobernadora no son recientes. En mayo de 2025, poco después de que autoridades estadounidenses revocaran la visa tanto a Marina del Pilar como a Carlos Torres, el semanario Zeta de Tijuana había revelado detalles sobre una supuesta investigación.
Del lado estadounidense, un funcionario aseguró al semanario que Carlos Torres es investigado por presunto lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros ilícitos. En México, las indagatorias en su contra abarcan un abanico de cargos graves, que incluyen:
- Evasión fiscal y corrupción.
- Huachicol.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Delincuencia organizada.
El llamado institucional a la separación del cargo
El Comité de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con organizaciones de la sociedad civil, emitieron un comunicado fechado el 22 de enero. En él, exhortan a la gobernadora a separarse del cargo.
Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), subrayó que la solicitud se realiza “en un marco de respeto institucional” y por razones de interés público.
La petición de licencia o renuncia temporal se fundamenta en la necesidad de:
- Garantizar la integridad pública, la gobernabilidad y la confianza institucional.
- Proteger el interés público sobre cualquier interés particular o personal.
Los firmantes del pronunciamiento enfatizaron el contexto de Baja California como una entidad fronteriza, donde cualquier señalamiento que implique la vulneración del estado de derecho exige respuestas institucionales firmes. Además, el llamado se basa en dos principios democráticos básicos: el derecho de la población a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno.
Pérez Morales aclaró que: “Esta solicitud no constituye una condena ni una afirmación de responsabilidad: es una medida prudente”. La meta es que la investigación se conduzca con celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia.
La postura de la gobernadora Ávila
Al confirmar la existencia de la investigación, Marina del Pilar Ávila reiteró su confianza en el actuar de la autoridad federal. Subrayó que la FGR es una institución seria que realiza investigaciones en profundidad y debe actuar con plena autonomía.
La gobernadora enfatizó que los hechos investigados corresponden exclusivamente al ámbito personal de su exesposo. Recalcó que la relación matrimonial terminó años antes de que ella asumiera la gubernatura y que, por lo tanto, no existe relación política, administrativa ni de gobierno entre ambos. Aseguró que su administración no tiene vínculo alguno con las graves acusaciones que se están investigando.
El dilema de la licencia temporal, planteado por la autoridad anticorrupción, pone en el centro del debate la delgada línea que existe entre la vida privada y la función pública, sobre todo cuando los señalamientos involucran al crimen organizado y la seguridad de la frontera norte. La permanencia de la gobernadora en su puesto, con cerca de dos años restantes de mandato, será observada con lupa por la sociedad civil y las autoridades federales, quienes exigen la máxima transparencia en un caso que toca de cerca las estructuras del poder estatal.
