martes, enero 27, 2026

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La caída de Jessica Blancas y los $863 millones perdidos en Accendo

Fecha:

La Contraloría del Estado de Hidalgo inhabilitó a Delia Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, debido a un perjuicio millonario a la hacienda pública. Esta sanción, también aplicada a otros tres exfuncionarios, se debe a la omisión de retirar aproximadamente 863 millones de pesos depositados en Banco Accendo, una institución que quebró en 2021. Los recursos, que incluían fondos federales destinados a infraestructura social (FAIS), quedaron atrapados en el proceso de liquidación judicial del banco.

El proceso administrativo culminó con la inhabilitación de Blancas, en un caso que ha reavivado las discusiones sobre la gestión financiera de la pasada administración, especialmente en el contexto de las alertas regulatorias ignoradas sobre el banco.

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El caso Accendo: el origen del desfalco de 863 millones de pesos

El problema administrativo que llevó a la inhabilitación de cuatro exservidores públicos de Hidalgo se origina en la contratación de servicios financieros con Banco Accendo, una institución que actualmente se encuentra en proceso de liquidación judicial.

Aproximadamente 863 millones de pesos de recursos estatales quedaron inaccesibles, un monto que la Contraloría de Hidalgo calificó como un perjuicio directo a la hacienda pública estatal, ya que no fue posible disponer de ese capital (Fuente 1 y 3).

El impacto de esta pérdida es particularmente grave debido al origen de los fondos, que incluía recursos federales con fines específicos:

  • 807.1 millones de pesos: Provenían del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). La Ley estipula que este recurso debe ser usado para financiar obras y acciones básicas como agua, drenaje, electrificación, salud, educación y vivienda en zonas de pobreza extrema y alto rezago social.
  • 57 millones de pesos: Correspondían al presupuesto de la Secretaría de Salud de Hidalgo (Fuente 2).

La inmovilización de estos montos significa que las obras y acciones para las que estaban destinados no se construyeron ni se ejecutaron.

Incumplimiento de funciones y las alertas ignoradas

Las sanciones administrativas derivaron de una investigación que determinó que, a pesar de diversas alertas y medidas correctivas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación financiera de Banco Accendo, los exfuncionarios omitieron realizar acciones para retirar oportunamente los recursos públicos.

La CNBV había revocado la autorización de Accendo en 2021 debido a incumplimiento de capital y liquidez, además de la detección de irregularidades contables y operaciones sospechosas que sugerían una posible administración fraudulenta (Fuente 2). La Contraloría determinó que la inhabilitación era por el “incumplimiento de funciones” de los involucrados.

Los cuatro exfuncionarios sancionados y sus expedientes

Junto con Jessica Blancas Hidalgo, la inhabilitación se extendió a otros tres colaboradores directos de la administración anterior, con fechas de resolución que datan del 2 de diciembre de 2025. Los nombres están registrados en el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados:

  • Jessica Blancas Hidalgo (Exsecretaria de Finanzas de Hidalgo): Inscrita con el número 231.
  • César Alberto González López (Exsubsecretario de Egresos): Inscrito con el número 232.
  • Juan Luis García Hernández (Exdirector general de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos): Inscrito con el número 233.

Los tres primeros exfuncionarios comparten el expediente con Número Único de Caso (NUC) SC/DGRA/DR/2025/PRA390.

Por otra parte, la sanción para el exfuncionario del sector salud, Ignacio Valdez Benítez, se resolvió a partir de la revisión del expediente SC/DGRA/DR/2025/PRA393:

  • Ignacio Valdez Benítez (Extitular de la Subsecretaría de Administración, Finanzas y Planeación de la Secretaría de Salud): Inscrito con el número 230.

La Secretaría de Contraloría refirió que no estipuló temporalidad sobre las inhabilitaciones, únicamente el inicio de su vigencia a partir del 2 de diciembre.

El contexto de la administración Fayad y el futuro de los recursos

El exgobernador Omar Fayad Meneses (2016-2022) se pronunció sobre el tema el 6 de julio de 2022, al instalar el equipo de transición con el gobierno de Julio Menchaca Salazar. Fayad argumentó que Accendo estaba avalado por la Secretaría de Hacienda.

“Todo gobierno trabaja con los bancos que aprueba la Secretaría de Hacienda (…) nosotros así consultamos. Resultó que a medio año hubo una situación con alguno de los bancos con el que nosotros habíamos contratado, pero nosotros ya hicimos las acciones legales”, comentó Fayad, quien en la actualidad es embajador de México en Noruega.

El gobernador Julio Menchaca Salazar anticipó que habría noticias respecto a Jessica Blancas el 16 de enero, tras ser inquirido sobre posibles casos de corrupción durante el periodo de su antecesor, incluyendo un esquema de presuntos desvíos por más de 2 mil 500 millones de pesos a través de empresas fantasma y servicios simulados.

Menchaca confirmó que, en el caso Accendo, se han presentado las demandas e iniciado los procedimientos correspondientes para intentar recuperar los 863 millones de pesos. Sin embargo, a tres años y seis meses (desde la revocación de 2021) los recursos siguen sin estar disponibles. La Contraloría ha indicado que el destino final del dinero se definirá conforme a la legislación aplicable, en función de si los activos asegurados del banco resultan suficientes o no para cubrir los adeudos pendientes con el Gobierno del Estado. La inhabilitación administrativa no exime a los exfuncionarios de posibles responsabilidades adicionales, ya sean civiles o penales, que se deriven del proceso de liquidación judicial.

El caso de Jessica Blancas y Banco Accendo ilustra el riesgo que la gestión financiera estatal enfrenta cuando las advertencias regulatorias se pasan por alto. La ciudadanía de Hidalgo espera que la definición de este procedimiento judicial no solo culmine con la sanción a los exfuncionarios, sino que también asegure la recuperación de los 863 millones de pesos que estaban destinados a infraestructura social clave.

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La caída de Jessica Blancas y los $863 millones perdidos en Accendo

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