CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) reveló la magnitud del huachicol fiscal en México tras detectar al menos 555 empresas vinculadas al contrabando de combustibles mediante prácticas ilegales. El hallazgo surgió de expedientes judiciales que documentan cómo distintas redes operaban a través de puertos estratégicos del país.
De acuerdo con la investigación, el huachicol fiscal operaba en al menos ocho puertos, entre ellos Altamira (Tamaulipas), Veracruz, Ensenada (Baja California), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Guaymas (Sonora), La Paz (Baja California Sur), Cancún (Quintana Roo) y Mazatlán (Sinaloa). Estas operaciones se realizaban bajo esquemas fraudulentos de importación, utilizando pedimentos clonados y documentación falsa para simular la legalidad del combustible.
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Uno de los casos más relevantes es la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, quien enfrenta un proceso por delincuencia organizada en el penal de El Altiplano. Su captura, junto con otras 12 personas, forma parte de una causa penal que expone la forma en que el huachicol fiscal se consolidó mediante complicidad de empresas privadas y la manipulación de documentos oficiales.
Así era el modus operandi del ‘huachicol fiscal’
El análisis de la FGR detalla dos modus operandi. El primero consistía en importar gasolina y diésel desde Estados Unidos con documentos clonados, para distribuirlos en el mercado nacional a precios más bajos. El segundo se realizaba a través de descargas irregulares de hidrocarburos en el puerto de Veracruz, con embarcaciones que retornaban a mar abierto y regresaban con papeles falsos hasta completar la operación. Estas maniobras, propias del huachicol fiscal, se extendieron hacia otros puertos como Lázaro Cárdenas.
La investigación también reveló que las empresas involucradas en el huachicol fiscal operaban en estados como Estado de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán y Jalisco. Varias de ellas fueron señaladas por prácticas como emitir facturas falsas, comercializar combustibles adulterados o realizar ventas a precios por debajo del mercado.
La FGR advirtió que estas prácticas del huachicol fiscal no solo afectan las finanzas públicas, sino que también ponen en riesgo la seguridad energética del país. El caso se mantiene abierto y las autoridades continúan con el rastreo de operaciones financieras y telefónicas ligadas a las empresas y personas relacionadas con este entramado ilícito.
