La Fiscalía General de la República (FGR) detalla la operación de una red de huachicol fiscal, vinculada a la empresa Ingemar donde figura el exgobernador Ernesto ‘N’. Este esquema, que abarcó ocho estados, generó un desfalco al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
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FGR desvela mecánica de desfalco por huachicol fiscal
La red de huachicol fiscal operaba bajo la aparente legalidad, utilizando empresas como Ingemar dedicadas a la importación de derivados del petróleo y servicios logísticos.
Las empresas involucradas, incluyendo Ingemar, mantenían una fachada de negocios legítimos al dedicarse a la importación de derivados del petróleo, servicios portuarios y ferroviarios, entre otras actividades. Sin embargo, la FGR ha documentado que, al introducir mercancía desde Estados Unidos, se declaraban cantidades menores a las reales o se registraban productos distintos a los transportados, con el objetivo explícito de evadir el pago de impuestos. Este modus operandi habría consolidado un daño al erario que, según estimaciones oficiales, excede los 4 mil millones de pesos.
Infraestructura férrea, eje de la operación ilícita
El mecanismo central para el contrabando se articulaba mediante el uso estratégico de carros-tanque de ferrocarril, subdeclarando drásticamente su capacidad real.
La estructura operativa priorizaba el transporte ferroviario, donde la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad efectiva de cada carro-tanque. Se reportaban apenas 10 mil litros por unidad, a pesar de que cada una transportaba hasta 110 mil litros de combustible. Este desfase significativo en la declaración fue posible, según las investigaciones, por un presunto contubernio con agentes aduanales y personal de la Secretaría de Marina, lo que neutralizó los filtros de seguridad y permitió el ingreso del combustible sin inspección. Una vez en territorio nacional, el volumen no declarado se desviaba a espuelas ferroviarias, puntos de conexión específicos para su distribución clandestina. Desde estas instalaciones, el combustible era trasvasado a pipas y tractocamiones de siete empresas distintas, careciendo estas de los permisos requeridos por la autoridad reguladora del sector energético, para su posterior comercialización y distribución en diversas regiones del país.
Impacto económico y complicidad estructural en el contrabando
Las investigaciones han cuantificado un masivo ingreso de combustible no declarado, revelando la magnitud del desfalco fiscal y las rutas privilegiadas por la red.
Bajo este esquema, se determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible lograron evadir el control aduanero y fiscal. La evasión estimada en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alcanza los 88 millones 511 mil 516 pesos, a lo que se suman 18 millones 289 mil 304 pesos por concepto de IVA, totalizando un daño a la Hacienda Pública de 106 millones 800 mil 821 pesos. La FGR ha identificado las rutas exactas de ingreso de este contrabando:
- Periodo de operaciones: Entre enero y julio de 2025.
- Volumen de importaciones: Se realizaron 4 mil 238 operaciones de importación.
- Aduanas implicadas: Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.
- Región clave: Todas las aduanas se ubican estratégicamente en Tamaulipas.
Acusación directa: Roberto ‘N’ apunta a complicidad política
En un desarrollo crucial para la investigación, Roberto ‘N’, identificado como el presunto líder de la red de huachicol fiscal, ha señalado directamente a integrantes del partido Morena como los responsables de facilitar o participar en la operación ilícita.
Roberto ‘N’ ha afirmado que “En el partido [Morena] están los culpables”, una declaración que eleva el escrutinio sobre la posible implicación de actores políticos en la cadena de complicidad que permitió la operación de esta red. Esta acusación introduce una dimensión política significativa al caso, apuntando a una vulnerabilidad institucional que podría trascender el ámbito meramente empresarial y aduanero.
