CANCÚN, QR.- A 16 años del incendio de la Guardería ABC, madres y padres de los menores fallecidos insisten en exigir justicia ante el retraso en la ejecución de sentencias. De los 49 niños que murieron el 5 de junio de 2009, y más de 70 heridos, sólo 10 personas han sido sentenciadas y varias de ellas permanecen libres, pese a órdenes de reaprehensión vigentes, de acuerdo con La Jornada.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio denunció que las penas impuestas por el tema de la Guardería ABC han sido reducidas por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en abril de 2022 dictó cambios tras analizar una serie de amparos. Las familias señalaron que los implicados no han sido ingresados a prisión, incluso cuando las condenas están firmes.
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La causa penal 126/2009 y otros expedientes acumulados derivaron en condenas a 19 de 22 personas procesadas, entre funcionarios públicos y particulares. Las primeras resoluciones fueron dictadas por un juez federal en mayo de 2016, pero tras apelaciones y amparos, el caso llegó a la SCJN, que atrajo el proceso en 2019 y resolvió tres años después, según El Universal.
El conflicto por definir qué juzgado debía ejecutar las penas provocó un nuevo retraso en el caso de la Guardería ABC. En 2024, tres amparos indirectos presentados por defensores de algunos implicados provocaron una disputa de competencia. El Tribunal Colegiado de Apelación en Baja California resolvió en abril de 2025 que el Juzgado Primero de Distrito de Sonora se encargará de medidas administrativas, y el Juzgado de Ejecución de Penas de Ciudad de México asumirá lo relativo a las penas de prisión.
Padres de las víctimas de la Guardería ABC informaron que conocieron esta resolución hasta el 28 de mayo de 2025. Acusaron corrupción dentro del sistema judicial y señalaron a la SCJN por su omisión al no garantizar la ejecución de las penas. Solicitaron una audiencia con la presidenta electa Claudia Sheinbaum y convocaron a una manifestación este 5 de junio en Hermosillo.
Lista de sentenciados por el caso Guardería ABC
- Sandra Lucía Téllez Nieves – 5 años y 7 meses. Orden de reaprehensión vigente.
- Antonio Salido Suárez – 5 años y 7 meses. Orden de reaprehensión vigente.
- Roberto Copado Gutiérrez – 5 años y 7 meses. Orden de reaprehensión desde junio de 2023.
- Arturo César Leyva Lizárraga – 5 años y 7 meses. Condena cumplida en domicilio.
- Fausto Salazar Gómez – 5 años y 7 meses.
- Jorge Luis Melchor Islas – 4 años y 9 meses.
- Martín Francisco Lugo Portillo – 5 años y 7 meses.
- Arturo Dávila Pacheco – 5 años y 7 meses.
- Arturo Torres Escalante – 4 años y 9 meses.
- Nohemí López Sánchez – 8 años y 10 meses. Se entregó en junio de 2024.
Desde el 2009, el caso del caso de la Guardería ABC ha estado marcado por apelaciones, sobreseimientos y exoneraciones. Inicialmente había 32 personas procesadas. Tras una depuración, quedaron 22 acusados. Las penas se redujeron tras la intervención de la SCJN y algunos fueron absueltos o recibieron el perdón legal.
En 2014, familias de las víctimas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando violaciones a los derechos de la infancia, a la vida y a la justicia. El expediente se encuentra en etapa de fondo, reporta el Centro Prodh.
Guardería ABC, la tragedia
El incendio ocurrió a las 14:45 horas del 5 de junio de 2009. El fuego inició en una bodega de la Secretaría de Hacienda estatal, anexa a las instalaciones de la Guardería ABC, que operaba bajo subrogación del IMSS. El humo se propagó hacia el interior de la estancia infantil debido a deficiencias estructurales en un muro compartido.
La guardería ABC operaba en una nave industrial sin condiciones adecuadas de seguridad. Testimonios indican que fue imposible evacuar a los menores debido a la distribución del inmueble. Aunque no cumplía con los requisitos establecidos por el IMSS, contaba con permiso desde 2001 y renovación en 2007, vigente hasta finales de 2009, registra la CNDH.
El 8 de julio de 2005, un arquitecto contratado por el IMSS detectó irregularidades que comprometían la seguridad del inmueble. Aun así, siguió operando. Tras el incendio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 49/2009, dirigida al IMSS y al gobierno de Sonora, para garantizar atención a los sobrevivientes y revisar la operación de guarderías subrogadas.
En 2010, la SCJN declaró que el siniestro vulneró derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la seguridad social y el interés superior de la niñez. En 2020 se emitió un decreto presidencial para garantizar atención médica vitalicia y pensiones a las víctimas y familiares afectados.
En 2015 se publicó la NOM-009-SEGOB-2015, que establece medidas de protección civil para centros de atención infantil. Además, en 2011 se promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como Ley 5 de Junio, cuyo cumplimiento aún es parcial en el país.
