El 7 de enero de 2026, un megaoperativo de la Ciudad de México (CDMX) culminó en el rescate de casi mil animales del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa. Lo que parecía un simple desalojo por un conflicto inmobiliario, pronto se reveló como una tragedia de maltrato animal y hacinamiento, destapando el oscuro panorama detrás del litigio que se arrastra desde 2009.
También te puede interesar: Por qué Emilio Azcárraga vende Televisa en medio de escándalos y números rojos
El operativo de rescate y la orden judicial por crueldad
El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno local, Clara Brugada, realizó la movilización en las instalaciones ubicadas en la carretera México-Toluca, kilómetro 17.5. El operativo de rescate de animales del Refugio Franciscano ocurrió tras una orden judicial, resultado de un peritaje demoledor.
La Fiscalía General de Justicia capitalina concluyó que los animales sufrían maltrato y crueldad “en la modalidad de omisión y negligencia grave”. Los datos específicos del peritaje determinaron que al menos 759 perros y 39 gatos padecían estas condiciones.
El dictamen en materia de veterinaria fue contundente, señalando que los perros y gatos se encontraban en situación de:
- Hacinamiento.
- Falta de condiciones de higiene necesarias.
- Carencia de la atención médica indispensable.
Balance de víctimas y destino de los animales
La fiscal Bertha Alcalde informó sobre el estado inicial de los afectados. El gobierno capitalino se centró en el operativo rescate Refugio Franciscano. Veinte de los animales ya se encontraban hospitalizados, y se reportó que otros 21 fallecieron, todos ellos fuera del refugio.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración se haría cargo del resguardo temporal. La mayoría de los animales son trasladados a un albergue de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la ciudad, ubicado en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Sin embargo, debido a que varios perros y gatos presentaban condiciones de salud críticas, estos serán llevados a la clínica veterinaria del gobierno e incluso a establecimientos privados para darles la atención necesaria.
El litigio inmobiliario: el trasfondo del conflicto
Las condiciones insalubres y el maltrato quedaron al descubierto a raíz de un conflicto legal por la propiedad del predio. Este litigio se libra desde 2009 entre la asociación civil Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
El desalojo es la culminación de esta disputa. En diciembre, se había realizado un desalojo en favor de la fundación, pero el Refugio Franciscano obtuvo un amparo para recuperar el lugar, antes de que la orden judicial dictara el rescate masivo del 7 de enero de 2026. Notas relacionadas al caso, incluyendo denuncias de incumplimiento por parte del Gobierno capitalino, apuntan a que un tribunal colegiado ordenó previamente devolver el predio destinado al refugio de perros en Cuajimalpa.
Activistas en la zona señalaron una dimensión adicional de la polémica, con versiones que apuntan a que el terreno sería vendido para construir exclusivos departamentos.
Al respecto del litigio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que se trata de un conflicto entre particulares. La postura del gobierno capitalino es que no tiene “ningún interés” en intervenir en la disputa por el predio y que respetará la determinación judicial.
Tensión en el kilómetro 17.5: activistas vs. policía
El operativo para sacar a los animales del Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera federal México-Toluca, estuvo marcado por la resistencia. Desde muy temprano, decenas de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a las inmediaciones.
Los activistas trataron de formar un bloque para impedir el desalojo, lo que derivó en enfrentamientos con los elementos policiacos de la CDMX. Luego de varios minutos de empujones, los manifestantes fueron encapsulados por los policías, mientras siete patrullas ingresaban al Refugio Franciscano.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el fuerte operativo de seguridad incluyó la participación de 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, Tránsito y la Policía Metropolitana.
Los activistas criticaron el alto número de elementos policiacos, lamentando que se tratara el desalojo “como si se tratara de criminales”. La principal preocupación de los protectores de animales era qué pasaría con los “perritos y gatitos” que ahí vivían, por lo que pidieron a las autoridades dar seguimiento a su caso para evitar que sean víctima de un delito.
El incidente, catalogado como “desalojo de un refugio de animales en Cuajimalpa por litigio inmobiliario”, dejó al descubierto las condiciones insalubres de los perros y gatos, con reportes gráficos de un hallazgo de fosa canina.
Este caso en la Ciudad de México subraya una verdad incómoda: el bienestar animal a menudo queda en un segundo plano frente a los intereses inmobiliarios y los litigios prolongados. La tragedia de los casi mil animales del Refugio Franciscano, que vivieron hacinados y enfermos mientras se disputaba el predio, obliga a la reflexión sobre la efectividad de las leyes de protección animal y la responsabilidad social de quienes se ostentan como protectores. ¿Qué seguimiento real se dará a estos animales, más allá del operativo de rescate en la alcaldía Cuajimalpa?
