CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, informó a Aristegui Noticias que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los funcionarios del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsables de destinar los recursos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto para la construcción del Tren Maya.
Esto después de la publicación de la investigación El Gran Capricho de AMLO, que publicó este medio a mediados de enero, reveló que los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México financian a través de su Tarifa de Uso de Aeropuerto un desvío de 196 mil millones de pesos provocado por la cancelación del (NAIM) y un segundo desvío de mil 200 millones de dólares de los Fideicomisos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a la construcción del Tren Maya.
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El legislador sostuvo previamente en Aristegui En Vivo que identifica tres delitos: desvío de recursos, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio abusivo de funciones. Estos delitos podrían alcanzar penas de entre 6 y 12 años de prisión para quien resulte responsable, se señaló en un parte informativo.
“Aquí vamos a delinear esta denuncia en contra de los funcionarios públicos que forman parte del consejo de administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que se sometieron a la voluntad de la Secretaría de Hacienda que les obligó a transmitir estos recursos de forma anómala hacia el Tren Maya y contra los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda que ordenaron este desvío”, declaró en días pasados.
Aseguró que también presentará una denuncia administrativa, por lo que acudirá a la Secretaría de la Función Pública, para que inicie una investigación. En caso de que haya una falte grave, explicó, los servidores públicos implicados podrían quedar inhabilitados por hasta 10 años.
El panista agregó que no es justo que las y los mexicanos estén pagando una doble tributación, debido a que las TUA deberían estar siendo usadas para solucionar los desperfectos que presente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Tributación para el Tren Maya
“No es justo que todos los mexicanos estén pagando una doble tributación, a través de este desvío de recursos que es el pago de la TUA, y después seguir manteniendo el Tren Maya, que es completamente una obra que no es autosustentable”, aseguró.
“Hoy vemos con mucha desgracia que el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues está padeciendo las peores épocas de su vida útil ante la falta de mantenimiento, hemos visto encharcamientos, hemos visto goteras, hemos visto que las pistas de rodaje tienen baches, en fin, creemos que esta falta de mantenimiento es atribuible a este desvío de recursos al tren”, añadió.
A finales de 2019, el Fideicomiso de Desarrollo (80726) del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para la construcción del Aeropuerto de Texcoco contaba en caja con mil 200 millones de dólares, pese a la cancelación de la obra por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los mil 200 millones de dólares los había obtenido el GACM a través de la emisión de bonos privados para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), y una vez que se cancelaron las obras, existía la obligación legal de destinar esos fondos a liquidar esos mismos bonos.
Sin embargo, ese monto equivalente a 21 mil millones de pesos, tuvo otro destino: fue desviado -sin justificación alguna- para contribuir al financiamiento del Tren Maya, otra de las obras emblemáticas del actual gobierno.
Esta es la historia de un doble desvío documentado por Aristegui Noticias tras exponer el uso irregular de las Tarifas de Uso Aeroportuario que desembolsan los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para cubrir la deuda de 4 mil 200 millones de dólares más intereses que dejó el NAIM.
A través de las TUA’s, hoy los usuarios del AICM financian -indirectamente- parte de las obras del Tren Maya, pese a que el destino legal de dichos recursos debería ser operar y dar mantenimiento y seguridad al aeropuerto capitalino.
En entrevista, el Ingeniero Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones y Transporte, reveló que mil 200 millones de dólares de los recursos privados que el GACM había obtenido para la construcción del NAIM se usaron para las obras del Tren Maya.
“Hacienda toma mil 200 millones de dólares de ese fideicomiso y los entrega para el Tren Maya”, afirmó Jiménez Espriú.
Al momento de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió no absorber la deuda original de los 6 mil millones de dólares, argumentando que se trataba de “deuda privada”, al haber sido aportados por inversionistas a través de bonos.
No obstante, dos años después, dispuso de estos recursos como si se tratara de fondos públicos, dejando la deuda en manos del AICM y sus pasajeros. Es decir, que esos mil 200 millones de dólares fueron apartados de su propósito legal, consumando un esquema de desvío que, según especialistas consultados, podría derivar en procesos sancionados por las autoridades involucradas.
“No era dinero del Gobierno. Esos recursos tenían un compromiso de una empresa en operación, que era el GACM”, declaró Rogelio Rodriguez Garduño, abogado constitucionalista experto en Derecho Aeronáutico.
Aristegui Noticias encontró una transferencia del GACM a la Tesorería de la Federación (Tesofe) por una cantidad idéntica a la referida por Jiménez Espriú y que habrían terminado en el Tren Maya.
“Esos mil 200 millones de dólares que estaban previstos para la construcción del NAIM posterior a la cancelación, debieron ser utilizados para pagar los bonos de inversión y disminuir la deuda pendiente. Sin embargo, fueron transferidos a la Tesorería de la Federación y se utilizaron para pagar parte del Tren Maya”, según el ex titular de la SCT.
Tanto Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, como el abogado constitucionalista Rogelio Rodríguez, coinciden en que no existe fundamento legal que sustente dicha transferencia.
Dijeron que los mil 200 millones de dólares, que fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) sin un aparente sustento legal, hoy están siendo 100% financiados por los pasajeros del AICM a través de sus TUA’s.
Fideicomiso de Desarrollo 80726
En 2014, se constituyó en Nacional Financiera el Fideicomiso de Desarrollo 80726. Su objetivo era la adquisición de bienes y contratación de servicios y obra pública, relacionados con la planeación, diseño y construcción del NAIM.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalla en su Auditoría de Cumplimiento: 2020-2-09KDH-19-0372-2021 que el 20 de enero de 2020 el Fideicomiso 80726 modificó su Cláusula Tercera “Fines”.
“…son fines del fideicomiso…ii) El entero de recursos que integran su patrimonio en la Tesorería de la Federación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables…”.
Dos días después, el 22 de enero de 2020, el Fideicomiso -por instrucciones del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y de la Secretaría de Hacienda- transfirió a la Tesorería de la Federación 21 mil 634 millones de pesos bajo el concepto “Pago derivado de la renuncia del título de concesión para construir el aeropuerto”.
Esa cantidad es equivalente a los mil 200 millones de dólares, considerando un tipo de cambio de 18.03 pesos por dólar, que habrían ido a parar al Tren Maya.
El Título de Concesión del GACM, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2015, no prevé ningún tipo de sanción en caso de renuncia al mismo.
En la Ley de Aeropuertos no existe ningún argumento legal que fundamente un “pago derivado de la renuncia del Título de Concesión”, como lo etiquetó el Grupo Aeroportuario para enviar ese dinero a la Tesofe.
“Cualquier transferencia bajo ese concepto es completamente irregular”, aseguraron por separado los dos abogados consultados sobre el posible destino del recurso al Tren Maya.
“Ni la Ley de Vías Generales de Comunicaciones, ni la Ley de Aeropuertos y su Reglamento -que son los que regulan las concesiones aeroportuarias- establecen, por el hecho de una renuncia, ninguna sanción, ni administrativa, ni penal, ni por supuesto, económica”, afirma Pablo Casas Lías.
Es decir, renunciar al título de concesión no implicaba ninguna sanción económica para el GACM que justifique esa transacción por mil 200 millones de dólares a favor del Tren Maya.
En la página 30 de su revisión, la ASF resume textualmente que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México “no expuso los argumentos por los que decidió concentrar ese monto a la Tesofe”.
