Claves de la noticia:
• El Gobierno de México rechaza la confiscación de activos de Vulcan Materials tras las sanciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos.
• La Semarnat confirmó que la restricción de actividades en Vulcan Materials de Quintana Roo deriva del decreto de Área Natural Protegida.
• La medida afecta directamente a la filial Calica en Solidaridad, prohibiendo la extracción de material pétreo en la zona.
PLAYA DEL CARMEN, QR.- La restricción de actividades en Vulcan Materials de Quintana Roo no representa una confiscación de activos, afirmó la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) este 30 de marzo de 2026. La dependencia federal aclaró que los predios y la terminal marítima ubicados en el municipio de Solidaridad continúan siendo propiedad de la empresa estadounidense, pese a las acusaciones de congresistas de EE. UU. sobre una presunta expropiación durante la administración pasada.
Esta respuesta surge luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara sanciones contra barcos que utilicen puertos considerados “confiscados”, una medida dirigida específicamente a proteger las inversiones de Vulcan Materials en territorio mexicano.
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¿Por qué hay una restricción de actividades en Vulcan Materials de Quintana Roo?
De acuerdo con el comunicado oficial de la Semarnat, la prohibición de trabajos no es un decomiso, sino una consecuencia jurídica de la declaratoria del Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto”. Este decreto, emitido originalmente en septiembre de 2024, busca preservar la flora y fauna de la región, lo que invalida cualquier permiso previo para la extracción de materiales pétreos por parte de la filial Calizas Industriales del Carmen (Calica).
La autoridad ambiental subrayó que todas las medidas adoptadas se encuentran apegadas al marco jurídico mexicano y responden a la necesidad de protección ecológica en el corazón de la Riviera Maya.

Impacto de las sanciones de EU sobre los predios de Vulcan Materials en Solidaridad
La tensión diplomática aumentó tras la aprobación de la “Ley para Defender la Propiedad Estadounidense en el Extranjero”. Los legisladores de EE. UU. sostienen que el cierre de la mina y el puerto en Playa del Carmen equivale a una expropiación indirecta. Sin embargo, México insiste en que el derecho a la propiedad privada no ha sido vulnerado, sino que se ha limitado el uso del suelo por razones de interés público y ambiental.
“Las medidas adoptadas corresponden a la restricción de actividades extractivas derivada de la declaratoria de Área Natural Protegida, conforme al marco jurídico mexicano.” — Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
¿Qué sigue para el conflicto de Calica en Playa del Carmen?
El conflicto legal escalará ahora al ámbito internacional, donde la empresa busca compensaciones económicas bajo el marco del T-MEC. Mientras tanto, el decreto de protección ambiental se mantiene firme, impidiendo que la maquinaria de Vulcan Materials reinicie operaciones en la zona selvática y costera de Solidaridad, dejando el puerto únicamente bajo custodia sin capacidad de operación comercial extractiva.

