CANCÚN, QR.- El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de Mérida, Yucatán, otorgó una suspensión definitiva a la construcción de los tramos 5 Norte, 5 Sur y 7 del Tren Maya.

Este fallo responde a un amparo presentado en julio de 2020 por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras, junto con organizaciones civiles, que denunciaron afectaciones ambientales causadas por el megaproyecto.

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La resolución se basó en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn), priorizando principios de prevención, precaución e in dubio pro natura (ante la duda, a favor de la naturaleza).

El tribunal consideró que las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo no cumplen por sí solas con los principios ambientales.

Para los tramos 5 Norte y 5 Sur, se ordenó realizar estudios geológicos, geohidrológicos y geofísicos, cuya evaluación debe ser validada por la autoridad ambiental.

Estos estudios corresponden a las condicionantes 9 y 10 de la autorización ambiental del tramo 5 Sur y sus equivalentes en el tramo 5 Norte, cuyo cumplimiento es indispensable para garantizar la seguridad ambiental en la zona.

De acuerdo con la documentación presentada, los estudios requeridos buscan evaluar posibles impactos en cavernas subterráneas y en sistemas de agua dulce de la región, característicos de la Península de Yucatán.

Estos ecosistemas kársticos no solo son frágiles, sino esenciales para la biodiversidad y la provisión de agua para las comunidades cercanas.

Respecto al tramo 7, se identificaron incumplimientos en condicionantes clave, como el rescate y reubicación de flora y fauna, la elaboración de un Programa de Prevención y Mitigación de Contingencias Ambientales, y la conservación del paisaje kárstico.

El tribunal subrayó que los 12 requisitos ambientales incluidos en la autorización, como el Estudio Técnico Económico y los programas de rescate ecológico, no han sido solventados, lo que llevó a paralizar las obras hasta que se demuestre su cumplimiento ante el Juzgado Primero de Distrito en Mérida.

Transporte público, sedena
El tren ya se encuentra en un periodo avanzado de construcción. Foto: David Acosta.

En el tramo 7, el fallo enfatizó que las obras afectan zonas de alta sensibilidad ecológica y cultural, además de áreas con presencia de comunidades que dependen directamente de los recursos naturales locales. La falta de acciones concretas para mitigar los impactos ambientales y sociales ha generado críticas desde diversos sectores.

La decisión también incluyó un llamado al Juzgado Primero de Distrito en Mérida para verificar el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en las manifestaciones de impacto ambiental antes de reanudar los trabajos del Tren Maya en los tramos afectados. El fallo obliga a las autoridades responsables a documentar con pruebas el cumplimiento de las condicionantes establecidas.

Sin embargo, se reconoció que la suspensión llega en una etapa avanzada de ejecución, lo que pone en duda la efectividad del juicio de amparo como mecanismo de protección. Las comunidades denunciaron que, a pesar de los recursos legales interpuestos, las obras han continuado en varias áreas, causando daños irreversibles a ecosistemas únicos de la región.

El fallo destaca la importancia de priorizar la protección ambiental sobre los intereses económicos y el desarrollo. La SCJN ha señalado que, en conflictos entre el derecho a un medio ambiente sano y los intereses económicos, deben adoptarse todas las medidas necesarias para proteger el entorno natural, señala un comunicado.

Las comunidades y organizaciones -sigue el boletín- continúan exigiendo el respeto a sus derechos humanos y al medio ambiente frente a las implicaciones del Tren Maya. Reiteraron que, aunque el megaproyecto ha sido presentado como un motor de desarrollo para la región, también representa una amenaza significativa para los recursos naturales de la Península de Yucatán.

Además, subrayaron que no basta con detener las obras temporalmente, sino que es indispensable rediseñar las estrategias para garantizar la sostenibilidad ambiental y social del proyecto en su conjunto.


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