CHETUMAL, QR.- La gobernadora Mara Lezama atendió la queja del Grupo de Lucha por la Unificación, Transparencia, Legalidad y Respeto Sindical, que se opone a las irregularidades perpetradas por la actual directiva del Sindicato Único de Choferes al Servicio de Automóviles de Alquiler (Suchaa), encabezada por Julio César Castilla Zapata.
Lo anterior fue dado a conocer por María Elvira Tehosol Palomo, representante común de la demanda laboral interpuesta por el Grupo de Lucha, integrado por taxistas disidentes que buscan transparentar las acciones en el Suchaa.
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Los representantes fueron atendidos por la mandataria estatal durante la audiencia pública realizada el pasado 9 de diciembre.
Los inconformes expusieron la problemática que enfrenta el Suchaa, derivada de la reelección irregular de la actual directiva.
En dicho encuentro también participó el director del Instituto de Movilidad (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia.
Mara Lezama escuchó la queja de los integrantes del Grupo de Lucha y los canalizó ante las autoridades competentes, como la Fiscalía General del Estado (Fge) y el propio Imoveqroo.
Dejó en claro que, pese a que el Suchaa es autónomo, no se permitirá la corrupción en Quintana Roo y se apoyará a quien solicite ayuda, incluso con asesoría legal.
Tehosol Palomo recordó que, debido a las irregularidades detectadas, se han interpuesto demandas ante los tribunales laborales del estado, en las que se incluyen recursos jurídicos contra la reelección de Castilla Zapata, conocido como “Durazo”.
La primera demanda, con fecha del 17 de octubre, corresponde al expediente 244/2023, por violación a los estatutos y daño patrimonial. Castilla Zapata se niega a transparentar los recursos provenientes de cuotas sindicales y su manejo.
La segunda demanda fue presentada el 9 de diciembre de 2023, bajo el expediente 306/2023. En esta ocasión, se debe a su primer intento de reelección, donde violó los estatutos. Por ello, las autoridades laborales no otorgaron la toma de nota correspondiente.
La tercera demanda, fechada el 1 de abril de 2024, está registrada en el expediente 96/2024. Deriva del incumplimiento de un juicio laboral en el que se instruyó otorgar una prórroga a su periodo como secretario general y convocar elecciones para una nueva directiva. No obstante, Castilla Zapata violó nuevamente los estatutos y se reeligió. Este caso está relacionado con el expediente 306.
En las dos primeras demandas, ha pasado más de un año sin que se emita sentencia o resolución, y los disidentes acusan a los tribunales laborales de favoritismo hacia “Durazo”.
Acusan a Suchaa de cobrar cuotas
El Grupo de Lucha también acusa a la directiva del Suchaa de cobrar cuotas a socios ayudantes y operadores (categoría incrustada ilegalmente en los estatutos), con la promesa de concesiones. A los primeros se les ha aceptado en puestos directivos, aunque ello viole la normatividad sindical.
Agregaron que Castilla Zapata solicitó al Imoveqroo 30 concesiones de taxi que entrega de forma indebida a socios ayudantes, quienes deben pagar 30,000 pesos a “Durazo” en pagos diferidos.
Comentaron que estas acciones, al parecer, cuentan con la complicidad de personal del Imoveqroo, pero transgreden la legislación federal que regula a los sindicatos, ya que está prohibido realizar actos de comercio al interior de las agrupaciones.
Aseguraron que muchas de las asambleas sindicales realizadas desde 2021 por Castilla Zapata presentan manipulación e irregularidades.
Finalmente, señalaron que los juicios laborales interpuestos contra la directiva sindical están detenidos en el tribunal laboral perteneciente al Poder Judicial, por lo que reiteraron que las sentencias están pendientes.
