CHETUMAL, QR.- Alrededor de 200 habitantes de la zona limítrofe con Campeche marcharon y se manifestaron en esta ciudad luego de que 30 comunidades fueron excluidas del Programa de Inversión Anual (PIA) del Ayuntamiento de Othón P. Blanco. Exigen juicio político contra la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández.
Jorge Salinas, del poblado de San Antonio Soda, señaló que nunca han sido considerados en los presupuestos municipales para obras. “Por eso estamos reclamando a Yensunni Martínez, es gobierno y tiene la obligación de atender a todas las poblaciones de la zona limítrofe”, manifestó.
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El argumento del Cabildo es que las 33 comunidades pertenecen al estado de Campeche, “pero la Constitución dice que somos de Quintana Roo, desafortunadamente llevamos años luchando por agua y por beneficios, pero llegó el gobierno de la 4T y nos sentimos traicionados”.
Por su parte el Asesor Jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz, que solo tres de las 30 comunidades asentadas en el área en conflicto legal con Campeche, fueron consideradas en el PIA 2022.
Aseguró que es falta de interés y voluntad por parte de la autoridad municipal, pues hay antecedentes específicos de que sí se puede invertir en obra públicas en esta zona.
Están los casos de San Antonio Soda y otras tres comunidades, a las que se les dotó servicio de agua potable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), autoridad que atiende la controversia constitucional de límites, ordenó dotar de infraestructura hidráulica a tales poblados. La inversión fue de aproximadamente 150 millones de pesos.
Las tres comunidades que fueron consideradas para obras públicas en el PIA 2022 son:
- Santa Rosa (tres millones 399 mil 106.63 pesos, para techado de multideportivo de la localidad)
- Dos Aguadas (un millón 508 mil 696.77 pesos, para construcción de 11 cuartos dormitorios en beneficio de 11 familias)
- Icaiché (849 mil 991 pesos, para la construcción de siete cuartos de cocina para igual número de familias de la localidad)
Aunque el total de recursos que integra el PIA es por el orden de los 210 millones 244 mil 238 pesos, provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
El Cabildo basó su negativa de atender en las comunidades también en las claves poblacionales que otorga el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), con las que pone a las 30 comunidades excluidas como territorio campechano.
Andrés Blanco Cruz refuta esta situación al señalar que el Inegi no es ninguna autoridad jurisdiccional para establecer límites, además de que el mismo Congreso del Estado interpuso un recurso legal y la misma SCJN dejó sin cambios el mapa de Quintana Roo, en donde se incluyen las 33 localidades.
Solicitud de juicio político, en el Congreso
Blanco Cruz recordó que Martínez Hernández en su momento fue síndico municipal de Othón P. Blanco y como representante legal del ayuntamiento debió interponer un recurso legal para no permitir esta acción, que derivó del Censo de Población y Vivienda 2020, pues las comunidades pertenecen al estado. Ahora usa como pretexto algo que pudo evitar.
La manifestación de hoy solo es parte de las acciones que se realizarán, pues también está en análisis interponer recursos de amparo.
El año pasado solo se benefició a dos comunidades con un monto aproximado de tres millones 400 mil pesos.
La marcha de este martes inició en el Museo de la Cultura Maya y concluyó en las instalaciones del Congreso del Estado, en donde se entregó en Oficialía de Partes el oficio de solicitud de juicio político en contra de la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández.
