CANCÚN, QR.- En la búsqueda de que Aguakan y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) brinden un servicio de agua potable con tarifas justas, León Lizárraga Cubero, presidente del Consejo Directivo de Administración Pública del Estado de Quintana Roo (Iapqroo), recaba firmas en una iniciativa ciudadana en la plataforma Change.org.
En su publicación, denominada “Compromiso ciudadano X una tarifa de agua potable justa en Quintana Roo”, señala que, según el estudio Iapqroo “Los servicios de agua potable en Quintana Roo 1980–2023: La verdad plasmada en números”, del Ing. Juventino Castillo Pinzón, se demuestra que el Estado mantiene tarifas 8 veces más elevadas que el promedio nacional.
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Explica que CAPA y la concesionaria Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) han cobrado a los quintanarroenses desde la modificación de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo, en 2011, un total de 21 mil 500 millones de pesos acumulados hasta año 2023 por sobreprecios y las personas en pobreza y pobreza extrema son los que más pagan por el servicio de agua potable.
Acusaciones contra Aguakan y CAPA
-El estudio agrega que desde 2012, la tarifa presenta incrementos por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
-El pago mínimo es el equivalente a 10 metros cúbicos y cuando el consumo es menor, mayor es la tarifa representativa.
–Facturación por encima del costo real del servicio. Las modificaciones a la Ley han sido subversivas atentando contra la economía de los Quintanarroenses.
–Cobro por servicios no entregados. Si consumes menos de 10 metros cúbicos, te cobran 10 metros cúbicos.
-Eficiencias sobreestimadas. Los volúmenes facturados no entregados se consideran para el cálculo de las eficiencias.
–Duplicidad de cobros. Los derechos de uso de infraestructura deberían corresponder a los recursos que se requieren para ampliar la capacidad; sin embargo, en el análisis de costo total del servicio se consideran los flujos financieros de las inversiones, por lo tanto, su cobro se duplica.
–Exigencia de ejecución de obras por parte de los desarrolladores que corresponden a la responsabilidad institucional al estar en el flujo financiero. Esto obliga a los desarrolladores de vivienda a transferir este costo a la vivienda, lo que significa un sobrecosto.
–Carencia de incentivos al mejoramiento de la eficiencia.
–Nula intervención municipal en los servicios cuando es una de sus facultades constitucionales.
-No se tiene establecido una metodología que permita transparentar el cálculo de las tarifas lo que ha ocasionado que se realicen incrementos indebidos con información parcial.
Amparo colectivo contra Aguakan y CAPA
Remata solicitando firmas en la plataforma Change.Org, la cual lleva 177 rúbricas digitales, para presentar un amparo colectivo para proteger el derecho humano al agua potable para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Solicita congelar y cancelar las tarifas de agua potable en el Estado, hasta conciliar con la ciudadanía una tarifa justa, progresiva, apegada al crecimiento del INPC y a la eficiencia operativa del servicio.
Obligar a las autoridades a conciliar con la ciudadanía la restitución gradual, planeada y programada de la competencia del Artículo 115 constitucional, que le obliga a los municipios a prestar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales para que se apeguen a las necesidades propias de la población.
Sugiere desaparecer a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, así como el DRAEF, para que cada Municipio preste el servicio mediante un órgano público con autonomía funcional, operativa y financiera, dirigido por ciudadanos.
Hacer que la autoridad deje sin efectos el doble cobro, cobro por servicios no entregados, facturación por encima de los costos del servicio.
Que el Poder Legislativo del Estado admita una iniciativa ciudadana que regule las tarifas y la prestación del servicio acorde con los preceptos constitucionales y legales.
Que se realicen las modificaciones jurídicas, organizacionales, administrativas y presupuestales pertinentes para cumplir con estas demandas.
Que se obligue a la empresa Aguakan a restituir a la ciudadanía los más de 16 mil millones de pesos que ha cobrado en sobre precio de las tarifas autorizadas en el convenio de concesión.
Que los gobiernos del Estado y municipales a transparentar las tarifas de agua potable y saneamiento de los últimos 10 años, de una forma sistemática y permanente.
La concesión de Aguakan
Aguakan obtuvo en diciembre pasado un amparo indirecto contra la terminación de su contrato como proveedor del servicio de agua potable a más de 1.5 millones de habitantes de los municipios de Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres, legislada en el Congreso del Estado.
Alegan directivos de Aguakan que tienen contrato hasta 2053 y aseguran que, en caso de lo que ellos llaman “terminación indebida de contrato”, el Estado y los municipios deberán indemnizarlos con varios miles de millones de pesos, pues le ha pagado al Gobierno más de 7 mil 900 millones de pesos desde el inicio del acuerdo.
