CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se pedirá a la Secretaría de Cultura revisar el caso de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas en Xcaret, tras cuestionamientos sobre el uso que hace la empresa de la cultura culinaria y musical de Quintana Roo.
Sheinbaum Pardo señaló que está próximo a salir la ley que regula el artículo segundo de la Constitución sobre pueblos indígenas, cuyos involucrados ya cuentan con un primer borrador y pronto se realizará la consulta pública a las comunidades para presentarla al Congreso.
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El respeto a la propiedad intelectual de los pueblos indígenas implica reconocer su derecho colectivo a poseer, controlar y proteger su patrimonio cultural, incluyendo conocimientos tradicionales, expresiones culturales como música, diseños y narrativas, así como recursos biológicos asociados. Para garantizarlo, existen leyes como la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que prohíbe la apropiación de este patrimonio sin consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
Exigen a Xcaret respetar patrimonio de pueblos indígenas
En 2023, Grupo Xcaret fue obligado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) a retirar publicidad y productos con elementos de la cultura maya, tras una queja del Gran Consejo Maya de Quintana Roo. El tribunal federal confirmó la resolución, lo que permitió la firma de un acuerdo en 2024 entre Xcaret y el Gran Consejo Maya para garantizar el respeto al patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
A pesar del acuerdo, la empresa continúa presentando bailables y platillos tradicionales de la zona maya, lo que mantiene vigente la discusión sobre la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Fundamento legal
La Reforma Constitucional al Artículo 2°, apartado A, fracción IV, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, así como su propiedad intelectual colectiva.
Además, el Estado está obligado a adoptar medidas para garantizar este derecho, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas coordina acciones para denunciar usos no consentidos de este patrimonio.
