CHETUMAL, QR.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, señaló que los recursos legales en contra de la reforma electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF) no permiten avanzar con la calendarización del proceso de elecciones de jueces, magistrados y ministros.
Entrevistado en un encuentro regional entre autoridades electorales, el integrante del Consejo General indicó que se creó una Comisión del INE, pero todavía no se instala, ya que el instituto es respetuoso porque hay recursos interpuestos, y hasta que no se desahoguen, no se podrá avanzar en este sentido.
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Incluso señaló que no se puede trabajar en la elaboración de presupuestos para el proceso electoral que ya inició y cuya jornada de elecciones es el 1 de junio de 2025.
Indicó que no trabajan bajo presión del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues al tratarse de un órgano autónomo, se coordinan con todos los partidos.
En esta ocasión, será solo el instituto el que organice el proceso electoral, sobre todo por las características de la elección. No habrá intromisión de los partidos políticos, por eso ni siquiera participan en las sesiones del Consejo General del INE.
Recordó que el instituto no fue responsable de las reformas al Poder Judicial y, en este sentido, solo le corresponde la organización del proceso, aunque para poder avanzar se deben resolver los recursos, pues son necesarios, reiteró, para la calendarización.
De hecho, agregó que en estos momentos el personal del INE se encuentra de vacaciones, luego del proceso electoral concurrente, y se reincorporará hasta el 15 de octubre.
A nivel nacional, el INE espera la resolución de una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial en relación con la violación de la autonomía. Además, un recurso impide la entrega del listado de espacios o cargos que estarán sujetos a elección popular, que primero tienen que ser dados al Senado y este, a su vez, al INE.
Ruptura 360 publicó hace unos días que uno de los retos más importantes que tiene el INE, de acuerdo con el delegado en Quintana Roo, Sergio Bernal Rojas, es la elaboración de la cartografía electoral, pues deberá ser diferente a la de las elecciones tradicionales y ordinarias.
En esta ocasión, más que por población y territorio, se debe considerar la jurisdicción que atienden jueces, magistrados y ministros.
Además, se debe asignar presupuesto para personal de capacitación, funcionarios de casillas, material, documentación y boletas electorales, así como para la definición de los tiempos en radio y televisión.
En el caso de Quintana Roo, serán 15 jueces y cuatro magistrados los que serán electos por los ciudadanos quintanarroenses. También participarán en la elección de los ministros al tener jurisdicción nacional.
Fechas establecidas en la reforma electoral
- El 15 de octubre el Senado de la República deberá emitir la convocatoria para que los tres poderes de la Unión hagan llegar sus propuestas para la citada elección.
- El 24 de noviembre se realizará la inscripción de aspirantes y el 15 de diciembre los comités de cada poder corroborarán que cumplan con los requisitos.
- Luego de entrevistas a los aspirantes, el 31 de enero de 2025, mediante sorteo en tómbola, se seleccionará a los finalistas. Para los casos de jueces y magistrados se designará a dos candidatos por cada posición, mientras que para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habrá tres.
- El 7 de febrero las listas serán remitidas al Senado de la República, órgano que cinco días después las enviará al Instituto Nacional Electoral (INE).
- El 1 de junio de 2025 será el día de la elección popular.
De acuerdo con el directorio, en el Poder Judicial hay nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del Tribunal de Disciplina, tres de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 15 de las salas regionales. Además, hay 861 magistrados y jueces del Consejo de la Judicatura Federal.
Los que resulten ganadores en la elección asumirán funciones el 1 de septiembre de 2025.