Pesca ilegal será combatida con acciones conjuntas, acuerdan naciones en Cancún

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CANCÚN, QR.- Al concluir la reunión del Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), único instrumento internacional jurídicamente vinculante contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), los 18 países participantes acordaron refrendar su compromiso con el combate a esta práctica mediante acciones para prevenirla, disuadirla y erradicarla.

En dicha reunión, realizada en Cancún del 2 al 6 de junio pasado, el titular de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), Alejandro Flores Nava, destacó la importancia del AMERP ante delegaciones de 18 países de América y el Caribe, y se comprometió a impulsar el ordenamiento pesquero y el cumplimiento de la normativa vigente.

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pesca ilegal
Autoridades y delegados destacan la importancia del AMERP contra la pesca ilegal. Foto: Dirección General de Comunicación Social

Según la FAO, uno de cada cinco peces que llegan al consumo humano proviene de la pesca ilegal o irregular, lo cual afecta la sostenibilidad de los océanos y la seguridad alimentaria.

Esta actividad representa la pérdida anual de entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, con un valor económico estimado de entre 10 mil y 23 mil millones de dólares.

Durante los primeros cinco meses de 2025, la Conapesca y la Secretaría de Marina retuvieron precautoriamente mil 948 toneladas de productos pesqueros ilegales, decomisaron 4 mil 498 artes de pesca no permitidas y turnaron a 10 personas al Ministerio Público.

La representante de la FAO en México, Lina Pohl, subrayó que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye una amenaza directa para los ecosistemas marinos y las comunidades vulnerables, y resaltó el papel del AMERP como mecanismo clave para alcanzar la sostenibilidad pesquera.

Refuerzan vigilancia frente a la pesca ilegal

Al encuentro asistieron representantes de Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Uruguay. El compromiso común fue reforzar las medidas de vigilancia e intercambio de información frente al avance de la pesca ilegal en la región.

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