BACALAR, QR.- Un juez federal en el estado de Quintana Roo emitió una suspensión provisional que detiene temporalmente las obras realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la zona federal colindante con la laguna de Bacalar. La decisión se deriva de un juicio de amparo tramitado por 23 niños de Bacalar, quienes señalaron que el proyecto vulnera diversos derechos constitucionales, de acuerdo con Proceso.
El recurso legal fue promovido por un grupo de niños y adolescentes del municipio de Bacalar. En su argumentación, expusieron que la construcción de una casa de descanso para elementos del Ejército Mexicano impactaría de forma directa su derecho a un medio ambiente sano, al acceso al agua, a la salud y a la preservación de su cultura.
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El juez resolvió que existen elementos suficientes para detener de forma provisional las actividades en el sitio, al menos hasta la celebración de una audiencia incidental prevista para el 21 de mayo.
Las obras en cuestión se localizan en un predio junto al muelle y frente al Fuerte de San Felipe, uno de los puntos turísticos más visitados del municipio. Según habitantes y organizaciones, el movimiento de maquinaria pesada en esa área inició en enero sin que se realizara una consulta previa ni se hiciera pública una autorización ambiental.
Las preocupaciones principales giran en torno a la posible alteración del ecosistema de la laguna. De acuerdo con la Dirección Ecológica de Bacalar, este cuerpo de agua dulce contiene la mayor concentración de estromatolitos conocidos en el planeta. Estas estructuras geológicas, formadas por bacterias hace más de tres mil millones de años, representan una evidencia viva de los orígenes de la vida en la Tierra. Su conservación ha sido motivo de estudio científico y de múltiples llamados a su resguardo.
El impacto de las obras también ha sido documentado por agrupaciones civiles y ambientalistas. Organizaciones como Grupo Gema del Mayab, Moce Yax Cuxtal, Sélvame del Tren, DMAS y Conservación de Cozumel, junto con Greenpeace México, se sumaron a una denuncia popular que fue presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Esta denuncia de los niños de Bacalar, solicita la suspensión de los trabajos de relleno, dragado y cualquier modificación del terreno mientras no exista certeza jurídica sobre la autorización correspondiente.
Uno de los argumentos centrales de los niños de Bacalar es que no hay evidencia pública de que el proyecto cuente con una evaluación de impacto ambiental conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tampoco se ha informado si se realizaron los estudios técnicos exigidos por el reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
La laguna de Bacalar, conocida también como la laguna de los siete colores, fue declarada pueblo mágico en 2006 por la Secretaría de Turismo federal. Además de su valor ecológico, representa un patrimonio cultural para los habitantes del sur de Quintana Roo, quienes han alertado sobre los cambios visibles en la morfología del cuerpo lagunar desde el inicio de las intervenciones.
Protesta, respaldo colectivo y exigencia de los niños de Bacalar
El 19 de marzo, más de cien personas realizaron una clausura simbólica del predio donde se construyen las instalaciones militares. La acción fue convocada por residentes locales, con la participación activa de los niños de Bacalar que interpusieron el amparo. El evento buscó visibilizar los efectos adversos de las obras, como la dispersión de materiales contaminantes, vibraciones con potencial impacto en el Fuerte de San Felipe y alteraciones en la fauna local, reporta Ruptura 360.
Greenpeace México respaldó públicamente la protesta y solicitó a la Profepa inspeccionar de inmediato el sitio para verificar la legalidad de la obra. Mediante un boletín, la organización reiteró que no deben retomarse los trabajos mientras no se garantice que no existe riesgo ambiental.
Hasta ahora, las autoridades ambientales federales no han confirmado si el proyecto de la Sedena cuenta con la documentación requerida para operar. Por su parte, los niños de Bacalar mantienen su exigencia de respeto a sus derechos y al entorno natural. Su actuación ha sido reconocida por colectivos que promueven la participación ciudadana en la defensa del territorio y que denuncian la falta de transparencia en las decisiones federales sobre infraestructura.
Los niños de Bacalar continúan involucrados en acciones legales, reuniones comunitarias y actividades de visibilización que buscan detener de manera definitiva la obra, señalada como una amenaza para uno de los ecosistemas más frágiles del país. La demanda, aún en proceso, ha permitido abrir una vía judicial para que sus voces sean consideradas en la toma de decisiones sobre su propio entorno.
