COZUMEL, QR.- El amparo de Calica, promovido en enero pasado para extender por 22 años sus actividades de extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, provocó controversia legal luego de que el juez federal Martín Adolfo Santos Pérez omitiera notificar sobre el proceso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informaron fuentes cercanas al caso.
La empresa, filial de la estadounidense Vulcan Materials, busca reactivar sus operaciones en los predios La Rosita, La Adelita, El Corchalito y el puerto de Punta Venado, clausurados desde 2022 por daño ambiental. Aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue enterada del juicio, la Semarnat no recibió aviso oficial, lo que le impidió acceder al expediente y apelar la prórroga de explotación minera solicitada mediante el amparo de Calica, de acuerdo con La Jornada.
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La acción legal se originó tras un juicio de nulidad que derivó en una autorización judicial para realizar trabajos de restauración en la zona, sin permitir reanudar la extracción intensiva de material pétreo. La Semarnat impugnó la resolución por considerar que no fue notificada, además de señalar que la supuesta restauración omitía la dimensión real de sobreexplotación, equivalente al doble de lo previamente aprobado, informa Polemón.
El fallo sobre el amparo de Calica se encuentra en manos del Vigésimotercer Tribunal Colegiado, cuya resolución podría eximir a la empresa de actualizar y aplicar el Programa de Restauración Ambiental. En ese contexto, la dependencia ambiental sostiene que dicha exención resultaría en el reconocimiento de actividades restaurativas no ejecutadas.
En paralelo, Calica ha promovido más de 50 recursos legales entre amparos y juicios de nulidad, generando alrededor de 200 expedientes judiciales. Las autoridades ambientales han respondido con quejas, revisiones e incidentes para contener la estrategia jurídica de la empresa y evitar la reactivación de operaciones sin evaluación de impacto reciente.
Amparo de Calica sigue en disputa judicial
El caso del amparo de Calica no se limita a la posibilidad de continuar extrayendo piedra caliza, sino que involucra aspectos vinculados al monitoreo ambiental y al cumplimiento de obligaciones legales. De acuerdo con la información disponible, Calica incurrió durante años en irregularidades en sus autoevaluaciones, afirmando contar con permisos forestales y reportando acciones de reforestación que no se realizaron conforme a lo establecido.
Inspecciones entre 2018 y 2024 revelaron que la minera reforestó menos de lo declarado y extrajo el doble del volumen autorizado, exponiendo parte del acuífero más allá de los límites concedidos. Como respuesta a estos hallazgos, el gobierno federal emitió en septiembre de 2024 un decreto que integró los terrenos de Calica al Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, impidiendo legalmente nuevas actividades de extracción, de acuerdo con La Jornada.
Pese a esta declaratoria, la empresa sostiene su intención de continuar con el proceso vinculado al amparo de Calica. En caso de obtener una resolución favorable, la minera podría omitir nuevos estudios de impacto ambiental y evitar el cumplimiento del programa de restauración, lo que ha generado preocupación en las dependencias responsables del medio ambiente.
El amparo de Calica también plantea la posibilidad de reinterpretar la clausura previa como un cierre temporal sujeto a condiciones mínimas de restauración. Las autoridades consideran que esta visión debilitaría el marco regulatorio en zonas protegidas, y han reiterado que seguirán impugnando todas las resoluciones que permitan a la empresa evadir sus obligaciones.
Actualmente, el proceso judicial relacionado con el amparo de Calica se encuentra en su fase final. El tribunal deberá evaluar si la omisión de notificación a la Semarnat constituye una irregularidad suficiente para invalidar los efectos de la resolución inicial o si la restauración parcial es jurídicamente válida, informa La Jornada.
Con esta resolución pendiente, el amparo de Calica se ha convertido en un tema central del debate jurídico-ambiental en la región. Lo que determine el tribunal podría establecer precedentes importantes en la forma en que las empresas deben enfrentar las restricciones impuestas por declaratorias de protección ambiental.
