COZUMEL, QR.- La construcción de una plaza comercial vinculada al proyecto del Cuarto Muelle ha encendido la polémica en la isla de Cozumel, luego de que la empresa Muelles del Caribe S.A. de C.V. ejecutara un permiso de desmonte de selva virgen, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene en revisión la Manifestación de Impacto Ambiental.
De acuerdo con documentos oficiales publicados por el medio Animal Político, la compañía obtuvo autorización durante la administración de la exalcaldesa Juanita Alonso Marrufo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo que permitió deforestar 1.1 hectáreas de vegetación en la isla de Cozumel. Dicho permiso establece que el área se destinaría a actividades turísticas, comerciales y de servicios, con la posibilidad de instalar hoteles, estacionamientos y espacios recreativos.
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La situación fue denunciada por la asociación civil Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC), que documentó con fotografías y videos la tala de árboles y el desplazamiento de fauna silvestre en la zona conocida como “California”, ubicada en la carretera Costera Sur. Según la presidenta de CIMAC, Noemí Guadalupe Martín, el desmonte se realizó de forma acelerada antes de que venciera el permiso, a finales de septiembre.
Fauna en riesgo por tala en la isla de Cozumel
La isla de Cozumel enfrenta un dilema ambiental, ya que en el predio afectado se detectaron especies en riesgo como la palma chit, la lagartija espinosa endémica y la boa constrictor. Aunque el resolutivo ordenaba programas de rescate y reubicación, la asociación denunció que solo se aplicó un ahuyentamiento de fauna, sin dar cumplimiento a las medidas de protección establecidas.
Las críticas aumentaron cuando, pese a que la empresa anunció públicamente la suspensión del proyecto del Cuarto Muelle, continuó con la tala. La Semarnat había admitido en junio un recurso de revisión interpuesto por CIMAC para analizar los permisos otorgados, sin embargo, la compañía aprovechó la vigencia del documento para avanzar en sus obras.
Ante la presión social y ambiental, el secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora, clausuró el predio por irregularidades en el manejo de residuos. Para los activistas, esta medida significa un respiro temporal, aunque insisten en que se trata de una batalla mayor por la protección de la isla de Cozumel, donde los intereses turísticos y económicos suelen imponerse sobre la conservación.
La polémica sobre este proyecto confirma la necesidad de reforzar la vigilancia ambiental en la isla de Cozumel, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe mexicano, cuya riqueza natural está en constante riesgo por la presión del desarrollo turístico.
