CHETUMAL, QR.- Por la desaparición de más 22 millones de pesos, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) investiga dos presuntos casos de peculado en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y en la y la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (Draef).
Fuentes de la FECC informaron que las investigaciones ya fueron realizadas, sin embargo, serán profundizadas, en busca de esclarecer los hechos y el deslinde de responsabilidades.
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En la CAPA, hasta el momento son tres empleadas investigadas de nombres: Lupita, Irene y Miriam, una es jefa de departamento. La primera, de acuerdo con las fuentes, fue quien confesó los hechos.
Los recursos presuntamente fueron invertidos en criptomonedas desde el año pasado, sin embargo, el “negocio” no tuvo resultados positivos. En ese tiempo estuvo como director Alberto Covarrubias Cortés, quien renunció al cargo este año. Poco después fue nombrado director de Fiscalización en el Ayuntamiento de Benito Juárez, por la presidenta municipal, Ana Paty Peralta de la Peña.
CAPA intepuso las denuncias
La Dirección Jurídica de la CAPA interpuso denuncias ante la FECC por presunto peculado y así fue que inició la investigación.
Fue mediante cotejo de datos bancarios y estados financieros del 2023 y en lo que va del 2024, que se corroboró el faltante de cerca de 22 millones de pesos.
El pasado jueves 21 de noviembre elementos de la Policía Ministerial de Investigación adscritos a la FECC realizaron una inspección al Área Contable de la paraestatal y aseguraron las evidencias.
También se investiga un caso similar en la Dirección de Recuperación y Adeudos y Ejecución Fiscal. Aquí una empleada de nombre Mónica, con atribuciones que no le correspondían, realizó convenios de liquidación de adeudos.
Autorizó convenios de pagos de hasta 15 mil pesos, cuando la deuda de los usuarios de la CAPA rondaba por los 200 mil pesos. No obstante, los ingresos no fueron reportados. Las sospechas se agudizaron porque en sus redes sociales subió fotos de vacaciones en Europa.
El hecho también fue denunciado por la Capa ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por lo que ya se investiga.
Esta situación ocurre cuando la CAPA atraviesa por una situación complicada económicamente, pues la deuda por morosidad de usuarios asciende a más de 600 millones de pesos.
El hecho hasta el momento se ha mantenido con sigilo por parte de las autoridades involucradas.
